Invita Pensiones Civiles a cuidar y fortalecer la salud mental en entornos laborales

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre, Pensiones Civiles del Estado (PCE) busca crear conciencia sobre este tema con el lema “Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo”.

Óscar Aguirre, director médico de PCE, detalló que los entornos laborales seguros y saludables pueden actuar como un factor protector para la salud mental.

Asimismo, las condiciones como el estigma, la discriminación y la exposición a riesgos como el acoso, pueden plantear riesgos importantes que afecten la calidad de vida en general y, en consecuencia, la participación o la productividad.

Los problemas de salud mental tienen un impacto directo en el rubro laboral, al aumentar el ausentismo, reducir la productividad y aumentar los costos de la atención médica.

Los empleadores y los compañeros pueden ser agentes de cambio al combatir el estigma y fomentar el debate abierto sobre esta temática, al aprender a identificar los signos de problemas comunes como la depresión, y alentar a los colegas que puedan tener dificultades a buscar ayuda.

Para fortalecer la salud mental, la institución recomienda dormir al menos 8 horas y seguir una rutina de sueño; realizar actividad física de manera regular para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés y la ansiedad; mantener una dieta equilibrada, evitando el consumo de alcohol, azúcares y cafeína; practicar la meditación y leer para enriquecer la capacidad de atención.

También mantener relaciones interpersonales, establecer metas, centrar la atención en las cosas positivas y conservar la mente relajada y reducir todo aquello que genera estrés.

De enero a septiembre, la Dirección Médica de Pensiones Civiles reporta que, se han otorgado 14 mil 066 atenciones psicológicas en beneficio de 4 mil 575 derechohabientes. Entre los diagnósticos destacan trastorno de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos alimenticios y afectivos, entre otros.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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