México es uno de los 10 países más inseguros y corruptos, según World Justice Project

México se encuentra entre los 10 países con los peores índices de seguridad y de corrupción de los 142 que fueron evaluados por el World Justice Project en el Índice Global de Estado de derecho 2024, que "mide el grado en que una sociedad garantiza la seguridad de las personas y los bienes".

En materia de orden y seguridad, México comparte los últimos lugares del reporte con países como Mozambique, Haití, Nigeria y Afganistán.

En este rubro se considera si el crimen está controlado eficazmente, si el conflicto civil está efectivamente limitado y si las personas recurren a la violencia para solucionar agravios personales, es decir "mide la prevalencia de delitos comunes, incluidos homicidios, secuestros, robos, hurtos, robos a mano armada y extorsión, así como las percepciones generales de las personas sobre la seguridad en sus comunidades".

La escala que va del 1 al 142, donde el uno representa la mejor puntuación y 142 la peor entre todos los países evaluados, y donde se considera que "la seguridad es uno de los aspectos que definen a cualquier sociedad en la que impere el Estado de derecho y es una función fundamental del Estado".

En este caso, México, en materia de seguridad, está en el lugar 133, por debajo de países como Etiopía, Kenia, Ecuador, e incluso de Ucrania, que tiene el lugar 113 de este ranking mundial, pese a que está en guerra con Rusia desde febrero de 2022.

En el índice de ausencia de corrupción, WJP considera para esta medición si los funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo, Judicial, y elementos de Ejército y Policía del país evaluado no utilizan el cargo público para obtener beneficios privados. 

A nivel mundial, México tiene el lugar 135 y es seguido por Venezuela, Camerún, Gabón, Haití, Cambodia, Bolivia, y República del Congo en el último lugar.

De acuerdo con el índice, para México esta ha sido la posición más baja en ausencia de corrupción que ha obtenido desde 2015 que WJP realiza estas evaluaciones mundiales.

El Índice Global de Estado de derecho 2024 también considera rubros como restricciones a los poderes gubernamentales, gobierno abierto, derechos fundamentales, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.

Con información de Latinus

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

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