Francisco Sánchez logra que juez suspenda la reforma judicial en Chihuahua y Morena toma la tribuna del Congreso

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, confirmó que un juez federal le otorgó la suspensión que ordena al Congreso de Chihuahua, se abstenga de realizar las constituciones locales y leyes secundarias que correspondan, así como la promulgación de las mismas, a la reforma judicial constitucional dentro del plazo de ciento ochenta días naturales partir de la  entrada en vigor del Decreto reclamado con la renovación de la totalidad de los cargos de elección del Poder Judicial Local.

Esto fue confirmado por el legislador de MC, en el momento en el que los duputados de Morena tomaron la tribuna reclamando orden en cuanto los asuntos enlistados para la sesión, entre ellos el haber establecido como primer punto la iniciativa de reformad del diputado Francisco Sánchez ante el  Congreso de la Unión, a efecto de reformar el primer párrafo, del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Juez de Distrito concedió la suspensión en el recurso de amparo para que el Congreso del Estado se abstenga de realizar las adecuaciones en materia de reforma al poder Judicial, “La mal llamada reforma al poder judicial no será aplicada en Chihuahua. Hace un momento un Juez de Distrito le ordenó al Congreso de Chihuahua no reformar la constitución local, ni la normatividad interna, para aplicar la mal llamada reforma judicial".

"Un juez de amparo está ordenando, le está ordenando al Congreso del Estado no reformar su constitución, no reformar las leyes en materia judicial porque es una reforma que atenta en contra de nuestra soberanía", dijo.

Aseguró  que volvió a ganar en tribunales y led dio una elección jurídica, "Y esa es la razón por la cual han hecho este tipo de aspavientos políticos", acotó por la toma de tribuna.
 

 

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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