Jornada laboral 40 horas: Así debería implementarse para no afectar a pequeñas empresas

La reducción de la jornada laboral es una iniciativa que plantea bajar las horas de trabajo en el país, de 48 a 40 horas a la semana, además de garantizar dos días de descanso para los trabajadores. Esta propuesta forma parte de los 100 compromisos asumidos por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el periodo de su mandato, es decir, el 2024-2030. Sin embargo, se espera que la reducción sea aprobada antes de finalizar el 2024.

A pesar de las expectativas, la realidad es que implementar esta modificación plantea retos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales, junto con las micro empresas, representan alrededor del 99.8% de los establecimientos en el país, de acuerdo con los datos de Censos Económicos (CE) del 2019.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicados en junio del presente año a propósito del Día de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes); del 2019 al 2023 nacieron 1.7 millones de estos negocios.

Los especialistas coinciden en que la implementación paulatina de esta nueva iniciativa podría beneficiar a los pequeños negocios.

Puntos a considerar en la implementación de la reducción de horas laborales

De acuerdo con la economista Fátima Masse, debido a que estas empresas cuentan con recursos limitados, pasar de 48 horas laborales a 40 es un reto, pues trabajar menos también implica invertir más recursos monetarios para mantener la producción o ajustar los horarios a los recursos con los que se cuentan.

"Hoy las empresas están en un escenario de ¿qué voy a hacer?; mantener los horarios actuales y contratar personas para poder cumplir con la jornada establecida, o voy a recortar mis horarios de servicios y operar con los mismo y qué tanto voy a ser capaz de ofrecer el servicio".

Por otro lado, Juana Ramírez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), apunta que la reforma debe considerar la implementación gradual y por sectores, con la finalidad de no afectar a las empresas, sobre todo las que se encuentran en el área de servicio y manufactura.

"Hay que analizarla y hacerla escalonada en aquellas industrias en las que el trabajo por turnos hace parte de su modelo de negocio y operación, para que la afectación económica sea paulatina y no ponga en riesgo la generación de nuevas condiciones de trabajo".

Masse aprueba el sistema de subsidios propuesto por Movimiento Ciudadano hace unas semanas en la Cámara de Diputados, con la finalidad de compensar a las MiPyMes en la reducción de horas de trabajo para sus empleados.

De acuerdo con datos del Inegi, las 4.9 millones de pymes existentes en el país generan el 72% de los puestos de trabajo, por ello, son un elemento clave en la economía del país.

"Porque, aunque en términos sociales se quiere la reforma, se tiene que hacer de forma inteligente para no afectar a los trabajadores, pues las pequeñas empresas son más propensa a contratar en la informalidad".

Con información de Informador.mx

Tips al momento

Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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