No hay supremacía constitucional, es respetar la voluntad popular que representan los senadores y diputados: Elizabeth Guzmán
La presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán, señaló que se debe respetar la voluntad popular y quienes tienen esta representación son los diputados y senadores, por lo que no existe ninguna supuesta supremacía constitucional, ni desacato, "“La Presidenta de la República lo ha dicho muy claro, no hay ningún desacato, más bien estos amparos no son procedentes en reformas constitucionales, por lo tanto no pudiera ser así, pero hoy mismo lo comentó en su conferencia del pueblo, de que fue notificada, se envió este recurso a la Consejería Jurídica, que la Consejería Jurídica lo vio con quienes publican las reformas en el Diario Oficial de la Federación, y ellos contestan que publicado en el Diario no hay manera de que se pueda cambiar”, refirió.
“Solamente reafirma que hay que respetar la voluntad popular… no hay esta supremacía como se dice, solamente reafirmar que la voluntad popular”, dijo la diputada.
Señaló que estas reformas que se plantean, sólo reafirman lo que establece el artículo 39, "entonces nada más es clarificar, es clarificar que la voluntad popular expresada a través de los diputados y senadores.
Destacó que desde ayer ya se mandató que por favor regresaran a laborar los jueces a partir del día de hoy, “pues si no, que bueno, pues empezar a descontar los sueldos, que creo que es algo normal, es algo justo, es algo correcto, que pues el llamado al Poder Judicial, a los trabajadores del Poder Judicial, que ya lo ha estado repitiendo nuestra presidenta Claudia también, que no hay afectación a los trabajadores, que todos sus derechos laborales están garantizados”.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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