Sheinbaum celebra la decisión del Tribunal Electoral para continuar con la elección de jueces, magistrados y ministros
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este jueves la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite continuar con el proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que esta resolución "da certidumbre en este proceso", destacando que la reforma constitucional al Poder Judicial sigue su curso sin obstáculos legales.
El fallo del Tribunal Electoral fue en respuesta a una solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE), que buscaba una acción declarativa para clarificar su papel en la organización de elecciones judiciales.
En su resolución, el TEPJF dictaminó que el INE no puede detener las actividades electorales, ya que están constitucionalmente previstas y son de orden público.
“El INE reitera su respeto al marco constitucional y su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes”, citó Sheinbaum el comunicado emitido por el instituto tras la decisión del tribunal.
La presidenta también dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene injerencia en estos procedimientos electorales, lo que refuerza el papel del Tribunal Electoral como la autoridad encargada de resolver cualquier conflicto en esta materia.
“Es una resolución muy importante”, señaló Sheinbaum.
Asimismo, Sheinbaum celebró una decisión adicional tomada por el Consejo de la Judicatura, que ordena la reanudación completa de las actividades en todos los tribunales y juzgados del país.
Con información de Latinus
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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