PJF reanuda labores el 28 de octubre: JUFED

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), vía comunicación oficial, acordó reanudar labores jurisdiccionales hasta el próximo lunes 28 de octubre de 2024, como respuesta a la circular 23/ 2024, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal.

La JUFED, aclaró que reanudación es una determinación libre y autónoma de las personas jugadoras, en beneficio de la población, pero manteniendo en todo momento las formas legítimas de protesta y resistencia, no obstante la falta resolución por parte del Consejo de la Judicatura Federal a las peticiones planteadas tanto por la base trabajadora, como los por los titulares del Poder Judicial, para luego señalar que se reservan el derecho de volver a la suspensión de labores, si en breve no se da respuesta a las mismas

Señalan que en esta lucha, las personas juzgadoras del Poder Judicial se mantienen unidas y comprometidas, así como firmes en la defensa del Estado de derecho y en la protección de los Derechos Humanos.

Señalan que, de ninguna manera, lo anterior compromete a la decisión libre de las personas trabajadoras con quienes, señalan, comparten la convicción de defensa de la independencia judicial.

Por ende, solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal, asuma su papel de órgano de administración y respeto a la autonomía e independencia de la Judicatura, asimismo, que se pronuncie sobre las peticiones efectuadas por los representantes de las diversas asociaciones de personas juzgadoras, que siguen sin respuesta.

Por último, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan en definitiva los medios legales interpuestos y restaurar el orden constitucional de nuestro país, defendiendo el respeto a las suspensiones decretadas, en los juicios de amparo, por los jueces federales y promovido no solo por personas juzgadoras, sino también, por los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, para defender su autonomía e independencia judicial.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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