Sheinbaum recibe segunda notificación para bajar la reforma judicial del DOF; “no tiene sustento”, insiste

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ha recibido una segunda notificación para eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), conforme a una orden judicial. 

La mandataria indicó que ante esto, la consejera jurídica envió un comunicado al Congreso de la Unión para pedir su opinión y también le preguntó al DOF, "¿qué procede?". 

Sin embargo, la mandataria insistió en que estas notificaciones "no tiene sustento" y cuestionó la legalidad de la solicitud; dijo que el amparo presentado no aplica para reformas constitucionales, y que pedir la eliminación de una publicación del DOF afecta la integridad del propio sistema normativo.

“El Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen”, enfatizó.

Según la presidenta, el artículo séptimo bis de la ley que rige al DOF impide eliminar publicaciones una vez emitidas, pues se deben preservar como parte del registro oficial.

En caso de que exista una resolución judicial que modifique una publicación, lo que procede es emitir un nuevo documento que aclare la situación, pero no borrar el contenido original.

Sheinbaum insistió en que detrás de estas acciones podría haber intereses políticos. 

Y subrayó que el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sigue su curso, tras la resolución del Tribunal Electoral y el respaldo del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo importante para el pueblo de México es que su mandato está siendo respetado”, afirmó, al referirse a la continuidad del proceso para que, en 2025, se realice la elección. 

Con información de Latinus

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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