Acuerdan esfuerzos conjuntos en seguridad Estado y Gobierno Federal
- Se reúne secretario estatal con titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
A fin de mejorar las condiciones de seguridad para los chihuahuenses, el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, se reunió con Marcela Figueroa Franco, nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con quien acordó una colaboración bilateral y esfuerzos conjuntos en la materia.
Está reunión se efectuó este miércoles en la CDMX, donde el titular de la SSPE expuso ante la Secretaria Ejecutiva las inquietudes y ventanas de oportunidad en materia de seguridad pública, bajo un contexto de acciones paralelas y coordinadas.
Durante la sesión se realizó un Intercambio de experiencias, propuestas y acuerdos con el objetivo de impulsar la profesionalización policial en el estado, a fin de generar un abanico de opciones y herramientas operativas para garantizar una mayor seguridad a la ciudadanía.
La sesión contó con la participación de Martín Blanco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Chihuahua; Esmeralda Huerta, jefa del Departamento de Vinculación Interinstitucional; y por parte del SESNSP estuvieron Katia Rodríguez, directora general de Apoyo Técnico, y Arturo Tena, director general de Vinculación y Seguimiento.
Estás acciones reafirman el compromiso de la SSPE para la seguridad de la población, enmarcado en la “Filosofía Centinela”, que tiene como principal objetivo generar un entorno de tranquilidad.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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