Captura AEI a presunto extorsionador; atacó con arma de fuego a policías de investigación
Derivado de investigaciones por el delito de homicidio y extorsión, fue detenido un sujeto que, al ser abordado, atacó con un arma de fuego a elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes lograron controlar la situación y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Los hechos tuvieron lugar ayer miércoles por la tarde, en un domicilio de la calle Foro Romano, en la colonia Los Portales, en Ciudad Juárez.
El sujeto, quien se identificó como Gil Ernesto G. W., de 25 años, domiciliado en esta ciudad, una vez que fue controlado y se procedió a la lectura de sus derechos, quedó detenido por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y tentativa de homicidio.
Los elementos de la Unidad contra el Delito de Extorsión, le aseguraron un arma de fuego tipo pistola, abastecida con 14 cartuchos útiles expansivos calibre 9 mm, con la que atacó a los Policías. Además, otro cargador abastecido con 10 cartuchos útiles calibre 9 mm.
Personal de Servicios Periciales acudió para hacerse cargo de la escena.
El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien continuará con las investigaciones de los hechos, así como por la probable responsabilidad del sujeto en diversas carpetas por el delito de extorsión.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
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También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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