La presidenta podría enfrentar hasta nueve años de prisión por desacato a la orden de eliminar la reforma judicial del DOF: jueza Nancy Juárez
La jueza Nancy Juárez Salas, quien la semana pasada ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), advirtió este miércoles que la mandataria podría ser sancionada con hasta nueve años de cárcel por desacatar a una autoridad judicial.
Durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus, la juzgadora indicó que la Ley de Amparo establece una sanción de entre tres y nueve años de prisión para la persona que incurra en desacato y tenga el carácter de autoridad responsable en un juicio de amparo.
"La Ley de Amparo establece una sanción —porque se incurriría en un delito— y el delito es el desacato a una autoridad judicial; la penalidad va de tres a nueve años de prisión, una multa y la inhabilitación para ejercer un servicio público posterior", explicó la jueza.
Apuntó que su trabajo termina con dar vista sobre la posible comisión del ilícito a la Fiscalía General de la República, que sería la encargada de llevar a cabo la investigación.
Además, reprobó la actitud de Sheinbaum Pardo al considerar que "el mensaje tan fuerte que mandó al no acatar una resolución judicial, pone evidencia que estamos frente a una anarquía".
"Las leyes ya no se cumplen o se cumplen a medias o se cumple lo que me conviene de la ley", aseveró.
A la pregunta de si teme por la controversia en la actualmente está envuelta, la jueza contestó que “tiene miedo, como cualquier persona, por las amenazas que ha lanzado el gobierno públicamente”.
Informó que hoy recibió la notificación de una queja administrativa que presentó en su contra la Secretaría de Gobernación (Segob), pero que fue desechada.
La semana pasada, Juárez Salas ordenó a la presidenta Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación del decreto de reforma judicial que fue emitido el pasado 15 de septiembre, y dio un plazo de 24 horas después de la notificación de la sentencia emitida para llevarlo a cabo.
La titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito de Veracruz resolvió en un incidente dentro del amparo 823/2024 que Presidencia incumplió la suspensión provisional que le ordenó no publicar en el DOF la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso federal.
La jueza federal aseguró en la sentencia que se publicó que, de no eliminarse la publicación de la reforma judicial, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, que establece que es un delito el incumplimiento de la orden judicial.
Con información de Latinus
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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