Diputados aprueban reforma que convierte a Infonavit en constructor de vivienda
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el derecho a vivienda adecuada para personas trabajadoras y que convierte al Infonavit en constructor y arrendador.
Legisladores aprobaron la iniciativa de reforma de Vivienda para los Trabajadores que establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase estará obligada a sus personas trabajadoras tengan viviendas cómodas e higiénicas.
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La iniciativa reforma el artículo 123 Constitucional y detalla que esta obligación de las empresas se cumplirá mediante las aportaciones que éstas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras.
Explica que el Fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora.
El Fondo también podrá invertir sus recursos en la adquisición de suelo y la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarlam en los términos que fije la ley.
Además, decreta que las personas trabajadoras después de un año de cotización podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras.
Opositores avalan la reforma
La iniciativa se aprobó en lo general y lo particular con 469 votos a favor y una abstención.
Se presentaron 199 reservas por parte de los grupos parlamentarios y sólo se aprobaron dos de Morena, que establecen que el trabajador también podrá adquirir uso de suelo para su vivienda y elimina el párrafo que establecía que después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley.
Durante la discusión los legisladores de oposición estuvieron a favor de la reforma. Sin embargo, algunos resaltaron que la iniciativa se queda corta ante la necesidad de vivienda de todos los mexicanos.
La diputada del PRI, Laura Ivonne Ruiz, afirmó que su grupo parlamentario está a favor de la iniciativa, ya que resaltó que la vivienda es un factor que reduce las desigualdades, además de proporcionar seguridad, fortalece la cohesión social y detona la vida económica.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Arredondo, afirmó que están frente a una iniciativa que pudo haber sido realmente importante por sus efectos en la sociedad y nuevamente es una reforma que se quedó muy corta, porque en su exposición de motivos no se refiere al derecho a la vivienda como algo universal, sino sólo a los trabajadores.
Asimismo, el diputado del PAN, Armando Tejeda Cid, afirmó que resaltó que su grupo parlamentario ve con buenos ojos regresar al impulso de acceso a la vivienda, pues cumple con sus cuatro principios de doctrina: la dignidad de la persona, el bien común, ser solidario con el que no tiene y ser subsidiario y ayudar al que no puede.
En contraste, el también panista Julen Rementería Del Puerto hizo notar que el fondo de la reforma representa una pésima idea, pues busca volver constructor a un ente de gobierno, como es el Infonavit y, actualmente, el Instituto tiene 700 mil millones en la bolsa y ha dado 12 millones de créditos en su vida y en los últimos años pasó del 7.8 al 19.8 por ciento la cartera vencida. “Se está entregando una bolsa millonaria”.
La iniciativa fue enviada al Senado para su trámite legislativo y próximo discusión en el Pleno de la Cámara Alta.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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