CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que el Partido del Trabajo (PT) informará que, en fechas recientes, en la Cámara de Diputados se han dado despidos masivos injustificados de al menos 700 empleados de personal de confianza y de otros regímenes de contratación, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, negó que esa cifra fuera cierta, pidió que se compruebe esa afirmación o, de lo contrario, exigió una disculpa.
Mauricio Farah Gebara dijo que si existen 700 despidos desde el 2 octubre del 2024 y se comprueba, él ofrece su renuncia.
“El dato de que hay 700 despidos me parece absolutamente falso, y lo primero que tenemos que hacer todos, responsablemente, es conducirnos con la verdad.
“Si alguien afirma que hay 700 despidos que lo compruebe o, de lo contrario, que ofrezca una disculpa, la cual siempre será bien recibida, porque creo que la gente puede cometer errores. Si a partir del 2 de octubre hay 700 despidos, yo ofrezco mi renuncia”, enfatizó.
El secretario general de la Cámara de Diputados aclaró que sí ha habido despidos, pero a partir de que algunos de los trabajadores estaban directamente vinculados con ellos, con cargo a la nómina de la Cámara de Diputados, y muchos no venían o simplemente venían en los horarios que ellos querían.
El día de ayer, en conferencia de prensa, la diputada Margarita García denunció que para lograr estos despidos se han dado un sinnúmero de irregularidades, todo para pasar por encima de los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado.
Con información de Proceso.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
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