CJF ordena levantar el paro de labores y amaga con aplicar descuentos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) avaló el regreso de los juzgados y tribunales federales a trabajar de manera normal y la aplicación de descuentos a los trabajadores que no lo hagan.
De acuerdo con la Circular 23/2024 emitida por el CJF, el descuento para los trabajadores y, por tanto, el regreso a las labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) será a partir del 24 de octubre.
“Los tribunales están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras, el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia, por lo que las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar, esto a partir del día 24 de octubre”, señala la circular.
“Se instruye al Coordinador de Seguridad para que apoye a los jueces y magistrados que le soliciten el acceso a los inmuebles”.
La ministra presidenta, Norma Piña y los consejeros Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo votaron en contra de levantar el paro iniciado como protesta contra la reforma judicial.
El consejero Sergio Javier Molina Martínez anunció en voto concurrente que hasta que se tenga información sobre la situación en la que se encuentran los inmuebles del PJF, que fueron cerrados por los trabajadores desde agosto pasado, el CJF podría tomar medidas para procurar el interés social y la adecuada impartición de justicia.
Durante la sesión del CJF diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron afuera del edificio sede ubicado en Insurgentes Sur.
Al enterarse de la decisión de los consejeros, los trabajadores decidieron bloquear las salidas del edificio dejándo encerrados a los integrantes del Pleno, incluida la ministra presidenta.
Con información de Proceso.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
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También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
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