Fiscal pide la detención de 10 militares argentinos por torturas a sus propios soldados en Malvinas
Un fiscal argentino pidió la detención e indagatoria a diez jefes militares por presuntas torturas a sus propios soldados durante la guerra de las islas Malvinas en 1982.
Según informó este miércoles el diario La Nación, el funcionario del Ministerio Público Marcelo Rapoport quiere indagar a exmiembros de la Brigada de Infantería III y del Regimiento de Infantería 4 que ocupaban posiciones de mando durante el conflicto bélico con el Reino Unido.
De acuerdo al requerimiento del fiscal, las torturas aplicadas no fueron hechos aislados, sino parte de una práctica generalizada que tenía como objetivo "controlar" a la tropa ante la escasez de víveres y abrigo.
El pedido de detención se enmarca en una causa iniciada en 2006 que investiga el accionar de un centenar de autoridades militares por haber cometido presuntos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Las torturas
Una de las torturas aplicadas a los soldados eran los estaqueamientos, que consisten en atormentar a alguien amarrando sus extremidades con tiras de cuero entre cuatro estacas.
También fueron denunciados actos de enterramiento, en los que los combatientes eran enterrados hasta el cuello, además de ser sometidos a la inmersión en aguas heladas. Se cree que había un especial ensañamiento con los soldados de origen judío e indígena.
Existe una puja judicial entre los representantes de las víctimas y la defensa, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, ya que, en caso de que no lo sean, estarían prescriptos por el paso del tiempo. En ese sentido, se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Con información de Actualidad.rt
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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