Trabajadores del PJF y oficialismo acuerdan mesas de diálogo para incluir demandas laborales en leyes secundarias de la reforma judicial
Luego de dos meses de protestas, los trabajadores del Poder Judicial se reunieron con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para expresarle sus demandas y preocupaciones laborales sobre los cambios que se avecinan en el sistema judicial mexicano.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, calificó la reunión como “un gran avance” y “apertura de diálogo”.
“Se mostró sensible, se mostró interesado en lo que fuimos a plantearle y que fue el respeto a nuestros derechos laborales y en nuestras prestaciones, inclusive para incluirlas en las legislaciones secundarias”, dijo.
En un pronunciamiento en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de trabajo, explicó que se trabajara en mesas de trabajo entre el oficialismo y trabajadores.
“Con el compromiso de parte de nosotros de llevarles material suficiente y adecuado para que lo tomen en cuenta (…) hoy es un día de verdad, de celebración”, arengó Aguayo ante un grupo de empleados del Poder Judicial.
Actualmente, los trabajadores del PJF han colaborado con el Consejo de la Judicatura Federal para alcanzar acuerdos que trasciendan la desaparición de ese órgano administrativo cuando entre en vigor la reforma al Poder Judicial.
Dentro de las peticiones que han mencionado los trabajadores destaca que se le dé seguimiento y promoción a sus carreras judiciales, que no sean despedidos con la llegada de nuevos juzgadores y que se respete sus salarios.
Con información de Latinus.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
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