El Gobierno de Milei endurece requisitos para otorgar refugio político
El presidente de Argentina, Javier Milei, endureció los requisitos para otorgar refugio político, a través de un decreto que impide que reciban este estatus personas que hayan cometido "delitos graves" en otros países.
De acuerdo con el documento, publicado en el Boletín Oficial, no podrán acceder a la categoría de refugiadas las personas extranjeras relacionadas con delitos internacionales, en particular si existen motivos fundados para considerar que han atentado contra la paz, contra la humanidad o promovido la guerra.
Con respecto a los "delitos graves", precisa que se refiere a aquellos que prevén penas de 10 años de prisión, que afecten la vida, la libertad, el patrimonio, la integridad física o sexual de las personas; así como a los vinculados a la delincuencia organizada, el terrorismo, las violaciones a los derechos humanos o cualquier acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales.
También advierte que no podrán ser refugiadas las personas que incitaron, facilitaron o participaron activamente en la comisión de todos estos delitos.
Por otra parte, las personas que ya están refugiadas en Argentina perderán este estatus si se acogen a la protección de su país de origen; si recobran voluntariamente la nacionalidad que habían perdido al ser considerados perseguidos políticos; o si obtienen la protección de una nueva nacionalidad.
En el mismo caso se encuentran quienes vuelvan a residir en el país que habían abandonado por temor a ser perseguidos; si deciden radicar en otro país; o si desaparecen las circunstancias por las cuales fueron reconocidos como refugiados, es decir, los riesgos hacia su integridad personal.
Los brasileños
"A la persona cesada en su condición de refugiado, se le concederá un plazo razonable para dejar el país, o en su caso, para permanecer en el mismo bajo el estatuto legal que, bajo la normativa legal vigente, le pueda ser conferido en atención al grado de integración de él y su familia durante su permanencia en el país", añade del decreto.
Actualmente, el caso más emblemático de personas que tramitan refugio en Argentina es el de 63 ciudadanos brasileños que el 8 de enero del año pasado participaron en los ataques contra tres poderes en Brasilia, tras desconocer el triunfo democrático del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) solicitó la extradición de los acusados, en el marco de una causa en la que se investiga a por lo menos 180 fugitivos que, se sospecha, escaparon a Argentina, Paraguay y Uruguay.
Si se les aplica el decreto de Milei, los brasileños prófugos no podrían recibir refugio puesto que están acusados de "delitos graves"; solo serían beneficiados si demuestran que el proceso judicial en su contra es irregular y que, como aseguran, son perseguidos políticos.
Con información de Actualidad.rt
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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