Vinculan a proceso a imputado por la muerte de un masculino en casa de seguridad

La Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acreditó la probable responsabilidad del imputado Mario Alberto C. P., por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y privación de la libertad.

El Juez de Control de la causa penal 3078/2024, vinculó a proceso al imputado y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria de los delitos cometidos entre el 03 y el 05 de agosto de 2024, en un domicilio ubicado en la privada de Barranca de Urique de la ciudad de Chihuahua.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba contundentes sobre la participación que tuvo el imputado en la privación de la libertad de dos masculinos, a quienes golpearon y provocaron la muerte de uno, mientras que el otro logró escapar y pedir auxilio.

La detención de Mario Alberto C. P., se registró el pasado jueves 17 de octubre, a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Grupo de Órdenes de Aprehensión.  

El imputado enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva al igual que la diversa imputada de nombre Karina P. R.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

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También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

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