Justicia transicional de Colombia pide investigar a políticos y militares por vínculos paramilitares
Diez personas, entre ellas un alcalde, exgobernadores y excongresistas, mencionadas por el detenido líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', serán investigadas por la Fiscalía de Colombia y la Corte Suprema por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo transicional que surgió con el Acuerdo de Paz.
En su cuenta de X, la JEP informó que compulsó copias "para investigar a un mayor general, seis agentes de Estado y tres civiles" que fueron mencionados por Úsuga, en abril de 2024.
Esto a propósito de la investigación de los casos: 03, relativo a los llamados 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por uniformados estatales; y 06, sobre la victimización de la Unión Patriótica.
La lista de nombres
Las personas que serán investigadas por la Fiscalía son: Oscar Raúl Iván Flores, diputado del departamento de Casanare; el exgobernador de esa entidad, Leonidas Ortega Urbano; el excongresista de ese departamento Heli Cala López; el exgobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal y el exalcalde de Tame (Arauca), Alfredo Iván Guzmán Tafur.
Asimismo, el Ministerio Público deberá hacer averiguaciones sobre el exsecretario de Obras Públicas de Casanare, Andrés Rueda Gómez; el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, y el contratista de esa casa de estudio Sigifredo Gómez Torreglosa.
También se le enviaron solicitudes para que adelante procesos judiciales a la Corte Suprema con los nombres del exrepresentante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, Milton Rodríguez, y el exsenador Carlos Cárdenas Ortiz.
Esta petición de indagación también incluye al mayor general Carlos Omairo Lemus Pedraza,para que sea investigado por la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP.
Con información de Actualidad.rt
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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