La FGR reprocha a juez de Sinaloa no ordenar aprehensión de Joaquín Guzmán, hijo del "Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que retiró su solicitud, la Fiscalía General de la República (FGR) reprochó a un juez federal haber negado la orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

La FGR indicó que aunque no contaba con las periciales en materia de genética para saber de quién era la sangre hallada en la finca en la que fue secuestrado Zambada, sí contaba con 78 datos de prueba para acreditar la existencia del secuestro y traición a la patria probablemente cometidos por el hijo del “Chapo”.

“Los cuales eran más que suficientes para emitir una orden de aprehensión contra dicho individuo; y que debieron ser considerados y valorados por el Juez, de conformidad con lo que señala el artículo 141, frac. III del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)”, informó la FGR a través de un comunicado.

Esto, luego de que el juez Alejandro Alberto Díaz afirmó que durante la audiencia la FGR no contaba con pruebas suficientes y que, por ello, el ministerio público decidió retirar la petición de la orden de captura para perfeccionar su investigación.

La Fiscalía precisó que al no solicitar órdenes de captura por el homicidio de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la prueba sobre si la sangre hallada en la finca era de él o no, no era “sustantivo para probar el secuestro y la traición a la patria por parte de Joaquín ‘N’”.

“Los indicios hemáticos ya se periciaron e identificaron plenamente y constituirán prueba en el caso del homicidio de dicha persona.

“El Ministerio Público de la Federación, después de una audiencia de más de ocho horas, decidió retirar su solicitud, en razón de lo expuesto”, insistió.

Intercambio de acusaciones.

Desde el pasado 20 de octubre la FGR emitió un comunicado en el que afirmó tener avances en las investigaciones por el secuestro del "Mayo", el homicidio de Cuén y la desaparición forzada de dos personas más.

En su comunicado, la Fiscalía confirmó la versión de Zambada de que Cuén fue asesinado en la finca donde el capo supuestamente fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, pues de las pruebas periciales en materia de genética concluyó que la sangre hallada en el inmueble, ubicado en Huertos del Pedregal, Culiacán, corresponde al exrector de la UAS.

E indicó que ante la "situación de rechazo" por parte del juez de control de emitir órdenes de captura contra elementos policiales locales, presentará su petición ante otro juzgador.

Al día siguiente, en la primera conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF) el juez Alejandro Alberto Díaz dio a conocer que no pudo rechazar las órdenes de captura porque el ministerio público federal retiró su petición.

Ese 21 de octubre la FGR insistió en que el juez consideró que la petición debía ser presentada ante un juez en un penal de máxima seguridad.

Ayer el juzgador dio a conocer la falta de pruebas con la que acudió la FGR a pedir la orden de aprehensión.

Con información de Proceso.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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