Senador Loera de la Rosa pide investigar a expresidente Felipe Calderón, a Ricardo Anaya y a Marko Cortés
Juan Carlos Loera de la Rosa, Senador por Chihuahua, presentó en el pleno un punto de acuerdo que fue aprobado como urgente por unanimidad. En él, se recomienda a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía para Delitos Electorales, a la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público iniciar una investigación para determinar si existe responsabilidad penal en los servidores públicos que, por acción u omisión, hayan intervenido directamente en la decisión de nombrar y mantener en el cargo de a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, pese a que existían indicios de su vinculación con la delincuencia organizada.
Loera de la Rosa sugirió que se investigue si los actuales Senadores del PAN, Marko Antonio Cortés y Ricardo Anaya, cometieron algún ilícito al otorgar contratos millonarios de servicios, con conceptos ajenos a la profesión y especialidad del hoy confeso Genaro García Luna, utilizando empresas de su propiedad y los invitó a dejar el cargo que hoy ocupan para permitir que las investigaciones se realicen lo antes posible y las autoridades cuenten con libertad en su actuación para deslindar responsabilidades.
También recomendó al Instituto Nacional Electoral investigar si los recursos otorgados por el PAN a las empresas de Genaro García Luna, fueron justificados de acuerdo con la ley, y en caso contrario, iniciar los procedimientos legales correspondientes.
El Senador puntualizó que todo el pueblo mexicano está seguro de que Felipe Calderón es corresponsable por haber designado en cargos de vital importancia para el gobierno y el país al narco traficante confeso.
Con información de Crónica.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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