Pide Noel Chávez establecer en la Constitución apoyo económico a ejidatarios

Un impulso periódico incentiva el desarrollo y brinda reconocimiento al esfuerzo

Ante la tribuna de San Lázaro, el Diputado Federal priista por el Noveno Distrito, Noel Chávez Velázquez propuso establecer en la Constitución apoyos económicos a los ejidatarios mexicanos, lo que beneficiaria de forma inmediata en esta zona del estado ante la gran cantidad de campesinos, productores rurales y comunidades agrarias maderables.

El legislador presentó una reserva a artículo 27 Constitucional, para establecer el reconocimiento a las comunidades agrarias, para que sean retribuidas por el esfuerzo que realizan para el cuidado de los recursos naturales, “debe quedar establecido en nuestra carta magna y materializado en un apoyo económico periódico que impulse a seguir con ese esfuerzo diario”, señaló el legislador.

Desde la tribuna pidió reconocimiento y apoyo preferencial para los que tienen su título agrario, su certificado de derechos que son los auténticos ejidatarios quienes cuidan la tierra y que también son los que generan y libran la batalla diaria de la labranza en el monte, son para quienes solicitó que la nación a través de la constitución mandate al ejecutivo federal vea por ellos y sus familias.

Noel Chávez Velázquez destacó la labor de los trabajadores agrarios de los que el Noveno Distrito tiene una gran cantidad que se asienta en comunidades de producción agrícola y forestal diseminadas en el territorio estatal.
“Quiero hacer un reconocimiento para quienes manejan sus recursos de forma sustentable y que en muchos casos pese al esfuerzo no les alcanzan para tener una vida digna, pese a que incluso se tiene el reconocimiento mundial de tener una certificación por ese buen manejo de certificación internacional”.

El diputado del PRI, hizo mención especial de comunidades agrarias enclavadas en el Noveno Distrito cómo ejido El Largo Maderal, el más grande del país, ejido La Trinidad y Baborigame en su municipio de origen; Guadalupe y Calvo, además de otros sitios como Guachochi, San Carlos, en el municipio de Balleza, en Urique, San Rafael, San Juan Juanito, entre muchos otros.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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