Paro laboral es también por la defensa de los derechos de todos, incluidos los empresarios: Trabajadores del PJF
Trabajadores del Poder Judicial Federal adscritos aquí en Chihuahua, señalaron, que los empresarios están preocupados porque en un proceso laboral, obviamente que si pierden les van a cobrar salarios caídos, no obstante, esa obligación, también tiene un límite de tiempo, pues el plazo no es indefinido.
Al referirse al llamado que se hiciera desde el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, para que se reintegren a sus labores los empleados del Poder Judicial, señalaron que, también se está defendiendo los derechos de los propios empresarios, pues el autoritarismo del gobierno también les va a llegar.
Comentaron que, si les interesa que se vean sus amparos, así se va a hacer, sin embargo, para que sea conforme de derecho y de manera imparcial, se requiere defender al país de lo que están haciendo en el Poder Legislativo, quitando la posibilidad del amparo, como recurso de defensa.
La reciente iniciativa presentada en el senado, conlleva a que les van a quitar la posibilidad de impugnar mediante un amparo, por ejemplo, una ley de impuestos.
Expresaron que actualmente, lo que se está haciendo es quitar el amparo para la revisión de lo que hace el Poder Legislativo de manera absoluta, para que nadie puede impugnar lo que realizan o las leyes que impongan, por más inconstitucionales que sean.
Incluso, señalaron, están echando a la basura, incluso, los compromisos firmados por México en tratados internacionales de Derechos Humanos, porque están diciendo que ni siquiera les importa que haya una convencionalidad que revisar, cuando emiten leyes inconstitucionales, apuntaron.
Este día los trabajadores del Poder Judicial aquí en Chihuahua salieron a manifestarse a las calles, en contra de l reforma judicial, que dijeron, nos va a afectar a todos en nuestros derechos.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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