Sheinbaum culpa al Poder Judicial por demanda de EU contra Salinas Pliego
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El reclamo de inversionistas estadunidenses vía paneles de arbitraje contra el gobierno mexicano por la negativa de Ricardo Salinas Pliego para pagar sus adeudos, es por la responsabilidad del Poder Judicial en México, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Es una demanda, en realidad al Estado Mexicano pero por responsabilidad del poder judicial de acuerdo a la demanda”, de acuerdo a lo que circuló en las últimas horas, dijo la mandataria.
En la edición de octubre, Proceso publicó: “Desde hace dos años TV Azteca litiga para postergar el pago de una deuda cercana a los 490 millones de dólares que le reclama un grupo de inversionistas, en un caso que llegó hasta un panel de arbitraje internacional y amaga con obligar al gobierno mexicano a desembolsar 219 millones 50 mil dólares del erario para pagar a los prestamistas”.
En septiembre de 2022, TV Azteca obtuvo una medida cautelar en México “mediante el cual el juez Miguel Ángel Robles Villegas, titular del Juzgado 63 Civil de la Ciudad de México autorizaba a la televisora no pagar su deuda y prohibía a sus acreedores iniciar un procedimiento legal hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare fin de la pandemia”, esto debido a que desde el 9 de febrero la empresa dejó de pagar un crédito que obtuvo, bajo el argumento de que la pandemia de covid-19 afectó sus ingresos.
Este miércoles la presidenta pidió esperar a que la Secretaría de Economía para hablar del tema, aunque en junio pasado, de acuerdo a la investigación de Proceso, esta misma dependencia federal trató de demeritar las acusaciones de los prestamistas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Cadi), ante el que pidió desechar el procedimiento.
Primero porque, indicó la SE, los demandantes no cumplieron los plazos legales, no califican como inversionistas bajo los términos del TLCAN, además de que algunos demandantes compraron las deudas después de la resolución judicial controvertida, es decir, después del acto reclamado. También dijo que “cualquier controversia que surgiera en torno a este debía ser resuelta por los tribunales de Estados Unidos”.
Este miércoles, la jefa del Ejecutivo Federal indicó que “es una demanda de empresarios de Estados Unidos donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos. Es una demanda, en realidad, al Estado Mexicano, pero por responsabilidad del Poder Judicial de acuerdo a la demanda”.
Con información de proceso.com.mx
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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