PT va por regulación de Beat, Didi, Rappi y Uber
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Partido del Trabajo (PT) en el Senado busca regular derechos laborales de trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi, Beat y Rappi.
La senadora Ana Karen Hernández propuso reformar la Ley Federal del Trabajo a efecto de dar certeza a la relación laboral entre las empresas de aplicaciones digitales y sus trabajadores.
“Se ha creado un nuevo esquema terciario de relaciones laborales, el cual se conoce popularmente como uberización del trabajo. El funcionamiento de esos sistemas consiste en que se hace la solicitud del servicio requerido a través de una plataforma digital y el trabajo es realizado por un tercero”, detalló.
“Sin embargo, empresas como Uber, Didi, Beat y Rappi, entre otras, operan en diversas regiones y ciudades de México sin un marco normativo laboral que garantice los derechos de sus "socios" conductores o repartidores”, explicó.
Hernández esaltó que los trabajadores no gozan del ejercicio pleno de sus derechos laborales como seguridad social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, antigüedad e indemnización por despido injustificado.
Para finalizar, la legisladora explicó que su propuesta busca garantizar el respeto de los derechos laborales como un salario digno, acceso a la seguridad social, seguro de riesgos al trabajador y un contrato mediante el cual se estipulan los acuerdos entre la persona empleadora y la persona trabajadora.
Con información de proceso.com.mx
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
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Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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