Supervisa Grupo SWAT de la SSPE curso de formación de Operaciones Especiales
Como parte de la “Filosofía Centinela”, que incluye formar elementos con un mayor grado de especialización policial al servicio de la ciudadanía, agentes de la Fuerza Especial SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), efectuaron una revisión y supervisión a los integrantes de la segunda generación de Operaciones Especiales.
Algunos de los elementos que toman este curso fueron seleccionados recientemente para formar parte de los agentes de Estado Mayor.
Esta intervención se efectuó en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), en la cual los agentes SWAT ingresaron a las cátedras impartidas por los instructores, las cuales se enfocaron en temas de intervención táctica.
Este curso para formar nuevos integrantes para Operaciones Especiales, es conformado por 36 elementos operativos, mismos que aspiran formar parte de la Fuerza Especial SWAT o del Grupo Especial de Detectives.
Entre las cátedras más destacadas que los agentes reciben día con día, se encuentran los adiestramientos en intervención, combate urbano, reconocimiento e inteligencia, además de acondicionamiento físico y tácticas militares enfocadas al estado de fuerza estatal.
“Van a estar por cuatro semanas en formación inicial, para introducir lo que es las técnicas especiales SWAT y de investigación en Detectives”, aseveró Steven Mendoza, jefe de Instructores del Instituto Estatal de Seguridad Pública.
Cabe mencionar que la segunda generación de Operaciones Especiales egresará durante el mes de diciembre.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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