Ejecuta FACH orden de aprehensión contra exsecretaria del Ayuntamiento de NCG
En cumplimiento de un mandato jurisdiccional, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó este miércoles 23 de octubre la orden de aprehensión en contra de la ex Secretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, S.I.HP. La ex servidora pública será presentada ante el juez de la causa, conforme a lo que establece la ley, para que se determine su situación jurídica.
A S.I.HP. se le atribuye la probable participación en un concurso de delitos entre los cuales destacan el Peculado Agravado, en número de 2, y el de el Uso Ilegal de Facultades y Atribuciones, presuntamente cometidos en conjunto con otros funcionarios públicos y personas ajenas al servicio gubernamental, mediante un esquema de reparto de roles y actividades.
De acuerdo con la investigación, entre los meses de octubre y noviembre del año 2021, la ex Secretaria, en complicidad con otros individuos, enajenó bienes inmuebles públicos del patrimonio municipal de Nuevo Casas Grandes sin cumplir con el procedimiento legal de desincorporación del régimen de dominio público. El valor total de los bienes enajenados asciende a la cantidad de $2,198,252.52 (Dos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 52/100 M.N.), sin que se registrara ingreso alguno en la hacienda del municipio por dichas ventas. Además, se emitieron Títulos de Propiedad irregulares para realizar estas operaciones, aunado a ello esta inmersa en otro tipo de conductas desviadas.
Con estas acciones la Fiscalía Anticorrupción reitera su compromiso de combatir actos de corrupción y velar por la correcta aplicación de la ley para salvaguardar el patrimonio público y la transparencia en el ejercicio del servicio público en el Estado de Chihuahua.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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