Sheinbaum insistirá en un salvoconducto para el expresidente Jorge Glas y en la demanda contra Ecuador presentada por AMLO

EFE.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su gobierno insistirá en un salvoconducto para el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y en la demanda que presentó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador contra Ecuador.

“Sí, lo dije desde la campaña (que pediría el salvoducto para Glas). Cuando ganamos la elección y ahora como presidenta", respondió la mandataria a pregunta expresa en su conferencia matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con las de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfield, quien el martes expresó a EFE que confía en que México esté representado en la XXIX Cumbre Iberoamericana, que será en la ciudad ecuatoriana de Cuenca el 14 y 15 de noviembre.

"Ecuador siempre ha estado listo para sentarnos a conversar con toda la situación que ambos países vivieron y con la verdad sobre la mesa para encontrar soluciones", comentó Sommerfeld en una entrevista.

Pero Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre, advirtió que su gobierno seguirá con la demanda que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ecuador tras la irrupción el 5 de abril pasado de la policía ecuatoriana en la Embajada mexicana en Quito, donde se resguardaba Glas.

Este hecho, que México considera una "invasión", derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas.

"Y también (seguirá) todo lo que interpuso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en instancias internacionales ante la violación a la soberanía de nuestro país en el caso de la embajada de México en Ecuador", declaró la mandataria.

La polémica se ha reavivado estos días en Ecuador, donde este miércoles comenzó un juicio político en la Asamblea Nacional contra la ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, quien también es ciudadana mexicana, por presunto incumplimiento de funciones y por la incursión policial en la embajada de México.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el viernes pasado una visita a Ecuador para conocer la situación de Glas, exvicepresidente del entonces mandatario Rafael Correa y condenado por corrupción, por lo que permanece en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.

Con información de Latinus

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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