Juárez, una ciudad con más de un millón y medio de habitantes, aún sin el presupuesto que merece: Cuauhtémoc Estrada
Tras la reciente visita de diputados del PAN a Ciudad Juárez, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, subrayó la necesidad de mejorar el presupuesto estatal destinado a esta frontera, que alberga a 1.6 millones de personas.
Estrada enfatizó que “si realmente quieren ganarse el apoyo del electorado de Juárez, les propondremos una serie de mejoras en la discusión del presupuesto”. Su propuesta incluye un aumento significativo en la asignación presupuestaria para la ciudad.
Recordó que Juárez ha recibido una gran cantidad de paisanos y se ha convertido en su casa; ello ha ocasionado una creciente demanda de servicios públicos. “Nuestra ciudad tiene una deuda histórica en términos de presupuesto, que no se ha equilibrado a pesar del aumento en la población. Sin embargo, somos una ciudad pujante”, afirmó.
El diputado destacó los esfuerzos de la administración municipal, liderada por el alcalde Cruz Pérez Cuellar, para abatir los rezagos. “Estamos trabajando en la pavimentación de calles, hemos invertido en escuelas —aunque no sea competencia municipal— y hemos instalado domos en 107 escuelas. Juárez es el municipio a nivel nacional que más invierte en proyectos de Presupuesto Participativo”.
Estrada también compartió una cifra destacada. “El próximo año destinaremos setecientos millones de pesos para proyectos de Presupuesto Participativo, una cifra récord que ningún otro municipio alcanzará”. Con esto, el líder de los morenistas en el Congreso subrayó el compromiso de Juárez con la participación ciudadana y la importancia de que los diputados del PAN reconozcan el funcionamiento organizado de los juarenses en estos proyectos.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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