Se advierte una crisis de gobernabilidad si el Poder Judicial no reanuda actividades: CCE Chihuahua
El Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, levantó la voz para advertir de una crisis de gobernabilidad en el país de continuar el paro laboral en el Poder Judicial de la Federación, además de otra económica, por el incremento en el tipo de cambio hasta 22 pesos por dólar en 2 semanas, así como de un aumento de la inflación entre el 8 y 9 por ciento, de no resolverse esta situación.
Al expresar lo anterior, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Federico Baeza Mares, urgió a los trabajadores del Poder Judicial a retomar sus actividades debido al gran rezago de casos especialmente los de carácter laboral, por lo referente a los salarios caídos, que según dio a conocer, ya ha afectado a empresas y trabajadores, de no ser así, además de esa crisis, se tendrán graves repercusiones en lo económico, que son inminentes, de no reiniciarse las labores en ese Poder, al que acusó de una gran irresponsabilidad
El dirigente empresarial, señaló que, al igual que las labores del Poder Judicial, el Estado de derecho está detenido, pues el tipo de cambio supera los 20.10 o 20.15 pesos por dólar, cuando debería estar en los 19 pesos, un 6 a7 por ciento arriba por esta incertidumbre, por lo que es urgente que regresen a trabajar, para que a todos nos vaya mejor, pues la reforma judicial ya se dio, es un mandato y se tiene que actuar en consecuencia, ahora con las leyes secundarias.
Destacó que se está encauzando mal esta problemática desde la raíz y se está enviando un mensaje muy negativo a la comunidad internacional, al señalar que hubo hasta risas de burla en las grandes universidades de Estados Unidos, de lo que estamos viviendo, algo que nunca se creyó que podría pasar.
Por eso convocó a los dirigentes sindicales y a los líderes de ese movimiento para que vuelvan a labores lo antes posible y ver de qué manera, se le va a hacer para cubrir el gran rezago que hay.
Señala que levantan la voz desde Chihuahua, para que también en otras entidades federativas, el sector empresarial, que es representante de muchas empresas y colaboradores, hagan también este llamado al retorno a las actividades, pues la situación según dijo ya es insostenible.
De seguir así estaremos en una crisis definitivamente, porque no hay justicia para las empresas, ni para la ciudadanía, entonces estamos flotando en un limbo, en el que nos vamos a ahogar, si esto no se resuelve inmediatamente.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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