Arrestos por cruces ilegales en la frontera sur de EU caen en vísperas de las elecciones
Las detenciones por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 7 % en septiembre hasta ubicarse en su punto más bajo en más de cuatro años, informaron el martes las autoridades fronterizas estadounidenses, citadas por la agencia AP.
Durante el pasado mes, la Patrulla Fronteriza realizó 53.858 arrestos, una cifra menor a los 58.009 de agosto, lo que representa el recuento más bajo desde agosto de 2020, cuando se contabilizaron 47.283 detenciones, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Al mismo tiempo, durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza realizó 1,53 millones de arrestos, después de que se superaron los 2 millones en cada uno de los dos años anteriores.
"Es probable que se trate del último reporte mensual que se dé a conocer durante una campaña presidencial en la que el candidato republicano Donald Trump ha hecho de la inmigración un tema central", señala AP.
Por su parte, la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense atribuyó las disminuciones a una mayor aplicación de la ley por parte de las autoridades mexicanas dentro de sus propias fronteras, diciendo que la Casa Blanca "prácticamente subcontrató a México para realizar las tareas de seguridad fronteriza de cara a las elecciones de 2024, políticas que pueden revertirse en cualquier momento que el Gobierno de México elija".
Con información de actualidad.rt.com
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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