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No cumplieron mejora en el transporte, una medida sería bajar el pasaje: Elizabeth Guzmán

La presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán Argueta, indicó que la presencia del Secrertario General de Gobierno, Santiago De la Peña ante el Congreso del Estado para abordar lo relativo al tema de transporte es importante, ya que se han incumplido con los compromisos demejora y el costo lo ha asumido la ciudadanía, por lo que una medida podría ser la reducción del precio del pasaje.

Indicó que particularmente en Ciudad Juárez hay una demanda muy sentida en el tema del transporte, "porque si bien ha habido un aumento en el transporte, este costo lo ha asumido la ciudadanía, pero no se han cumplido los compromisos", sentenció la legisladora.

Recordó que se iban a renovar las unidades y de mejorar el sistema del transporte, mejorar las unidades, “ahora no hay ni viejas ni nuevas, unidades hacen falta rutas alimentadoras que le den el derecho a las personas”.

Cuestionada sobre el incumplimiento de los compromisos y si esto debe implicar que entonces se baje el precio del pasaje, la diputada señaló “Yo creo que hay que platicarlo con todos y que si es necesario eso tendría que ser una medida y si no, por lo menos no aumentarlo y que se cumplan los compromisos que se adquirieron”.

 

 

 

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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