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Van diputados del PRI contra cierre de Puente Libre

-Exhortan a Federación y Estado a pronunciarse en contra

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, en voz de su Coordinador, el Diputado Arturo Medina, se pronunció en contra del cierre del Puente Internacional Córdova - Américas, a fin de preservar la relación binacional para el comercio.

Medina señaló que la medida podría además a disminuir los niveles de contaminación para las familias que viven en zonas cercanas al Puente Zaragoza, mismo que sufriría un aumento considerable en el tráfico vehicular de cerrarse el Córdova - Américas.

Lo anterior, se da en el marco de la posibilidad de cierre del Puente Córdova - Américas, más conocido como “Puente Libre”, de acuerdo a medidas anunciadas por la Oficina de Servicios General de El Paso, Texas.

Medina señaló que el cierre del Puente en cuestión, significaría un detrimento para el desarrollo de las economías que dependen del intercambio comercial de ambos países, pues al tratarse del único cruce fronterizo sin cargos por peaje, se afectaría directamente a la industria manufacturera así como a miles de juarenses que cruzan diariamente por cuestiones laborales.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI, solicitó que las instancias correspondientes del Gobierno Federal, así  como  de la administración estatal, se pronuncien en contra de dicho cierre a fin de incidir en la decisión de las autoridades norteamericanas, exponiendo las consecuencias que resultarían en perjuicio de ambas comunidades fronterizas.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

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