Gustavo Petro acusa a dueños del software Pegasus de lavado de dinero
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que directivos de la empresa israelí NSO Group se llevaron en avión los 11 millones de dólares en efectivo de la venta en 2021 del software espía Pegasus al gobierno, una transacción investigada por sospechas de "lavado de activos".
De acuerdo con un informe confidencial revelado por Petro a principios de septiembre, el software que infecta teléfonos móviles para extraer información fue adquirido por esa suma en efectivo durante el gobierno de su antecesor y rival político, el derechista Iván Duque (2018-2022).
Este martes, Petro dio más detalles sobre el caso y señaló directamente a responsables de la empresa.
"En el vuelo fletado M-ABGG viene el 25 y sale el 26 de junio del 2021 el ciudadano israelí Odet Gindi con Yehuda Lahav, director de negocios de NSO Group", el fabricante israelí de Pegasus, escribió al presidente el martes en su cuenta de la red social X.
Según el mandatario, el avión aterrizó en un hangar de la policía antinarcóticos y, en su retorno a Israel, "se llevan USD 5.5 millones entregados por funcionarios" de Duque. En un segundo vuelo, dijo Petro, Gindi y el director global de seguridad de la firma, Ran Gonen, se llevaron la segunda mitad.
Petro no ahondó sobre el rol de Gindi ni su vínculo con la firma israelí. Pero considera que el director de NSO Group, el señor Ran Gonen, ha cometido un delito en Colombia. "En Colombia no es posible que ningún ciudadano, ni nacional ni extranjero, porte dinero en efectivo en una cantidad tal (...) Eso se llama lavado de activos", dijo el mandatario.
Funcionarios del gobierno de Duque niegan haber gestionado la compra en 2021, año en que se registraron masivas protestas en Colombia que dejaron decenas de muertos.
"Tenemos la certeza de que (la transacción) es un lavado de dinero", había adelantado a la televisión pública el jefe de inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, a finales de septiembre.
Los primeros reportes en el mundo sobre el uso del spyware comenzaron en 2018, cuando un centro de investigación de la Universidad de Toronto identificó rastros del programa en el teléfono de un activista de Emiratos Árabes Unidos. En 2021, un consorcio internacional de 17 medios reveló que miles de personalidades públicas, incluidos periodistas y activistas, fueron espiadas con el software en México, Hungría, Polonia, Arabia Saudita, entre decenas de países.
Con información de Informador.mx
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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