Primer Parlamento Migrante: piden derecho a la educación en México para las personas en tránsito

EFE.- El primer Parlamento Migrante en Tijuana, la mayor ciudad de la frontera de México con Estados Unidos, impulsa iniciativas para los derechos de los migrantes en esta región, entre las que destaca la integración de la población en tránsito en la educación.

Lizeth Jiménez Paredes, coordinadora de este Parlamento, dijo a EFE que desde agosto de 2023 propusieron las iniciativas al Congreso del Estado de Baja California, pero no les ha dado continuidad.

“Quedaron atoradas (atascadas) en el Congreso y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta sobre ello, por lo que ahora es necesario que se retomen, e instamos (a eso) a los diputados, considerando la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad y que requieren de estos derechos”, señaló.

Inclusión a la educación

La coordinadora detalló que este primer Parlamento Migrante, "un ejercicio único en el país y extraordinario en el mundo", está integrado por personas de diversas nacionalidades desde su instalación oficial en julio de 2023.

Esto ocurrió gracias a la iniciativa de la organización Espacio Migrante y el apoyo del entonces diputado Román Cota, quien era el encargado de Asuntos Fronterizos y Migratorios en el Congreso del Estado.

Refirió que en agosto del mismo año presentaron diversas iniciativas, una de ellas para capacitar a funcionarios sobre la eliminación y erradicación de la discriminación y el racismo, y otra para eliminar el requisito de nacionalidad mexicana para ser perito traductor del Poder Judicial.

Además, resaltó la iniciativa para incluir en la Ley de Educación de Baja California la educación migrante, “ya que en dicha ley bajacaliforniana nunca se menciona la palabra migrante y ello es importantísimo que se tome en cuenta”.

“Dentro del capítulo vienen una serie de propuestas que nos parecen urgentes y necesarias, como eliminar la petición de documentos que son más difíciles de obtener para la población migrante, como lo del estatus legal, además de contemplar la expedición de becas", expresó.

Agregó que “también se contemplan en este capítulo acciones específicas contra la discriminación y el racismo, y el apoyo para la creación de centros de enseñanza para aprender el español, entre otros puntos referentes a la educación”.

Iniciativas pausadas

Jiménez Paredes señaló que, de todas las iniciativas que presentaron, la única que pasó a comisiones fue la de educación. 

"No obstante, desde agosto del 2023 no hemos obtenido respuesta sobre la iniciativa, ya nunca se votó", lamentó.

Lo atribuyó a las elecciones del 2 de junio de 2024 y a que ahora el exdiputado Cota es presidente municipal de Tecate, además de otros cambios en los legisladores.

“También creemos que no se ha votado porque se pide que se destine un porcentaje de becas hacia la población migrante y ello significa quitar otras cosas del presupuesto, pero también tiene que ver el hecho de que como la comunidad migrante no vota, no les resulta significativa", manifestó.

La también coordinadora del área de Investigación e Incidencia en Espacio Migrante recalcó que impulsan esta iniciativa "porque es una deuda que tiene el estado y una necesidad que se debe atender, el voltear a ver y reconocer la educación migrante".

“La Constitución Mexicana establece que la educación es para todas las personas sin hacer distinción sobre la nacionalidad, estatus migratorio e idioma que se habla, entonces, lo que se pide es una homologación a ese derecho y un acatamiento estatal", argumentó.

La iniciativa se impulsa tras un aumento del 193% interanual en la migración irregular a través de México hasta un récord de más de 712 mil personas, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.

Con información de Latinus

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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