Al comentar sobre la reunión que sostuvieron, recientemente, un grupo de empresarios de nuestra entidad con el ahora secretario de Economía Marcelo Ebrard, el presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo, señaló, que se le plantearon inquietudes y preocupaciones, así como la insuficiente inversión en infraestructura de energía, carreteras y la problemática que tiene Ciudad Juárez con el ferrocarril que atraviesa esa localidad fronteriza.
El gobierno anterior fue claramente de corte anti empresarial y ahora se siente, dijo, con esta reunión, así como la que se tuvo con Altagracia Gómez, representante de Claudia Sheinbaum con la iniciativa privada, pues hay un canal de comunicación abierto, con una actitud diferente, no obstante, tampoco se puede decir que hay certeza de lo que se ha planteado, se pueda concretar, señaló.
De acuerdo con lo expresado por el líder empresarial, en entrevista con Omnia – La Conversación, al funcionario federal se le expusieron proyectos muy concretos, así como necesidades muy específicas, tanto de empresarios de Ciudad Juárez, así como de Chihuahua y Cuauhtémoc.
Señaló que, dentro de las inquietudes y preocupaciones, se planteó la insuficiente inversión en infraestructura de energía, que está provocando problemas para captar una mayor inversión extranjera particularmente en Ciudad Juárez, que tiene una situación más delicada que Chihuahua en cuanto a la capacidad de ofrecer energía.
Por cierto, aclaró, no es un tema de generación de energía, hay suficiente capacidad para generarla, lo que falla es en la transmisión y distribución, dijo, pues no hay inversión para eso y es lo que detiene las inversiones; además, se le expuso las preocupaciones sobre el Estado derecho por la Reforma al Poder Judicial, esos fueron algunos de los temas que se tocaron, así como el de seguridad, que no es su área, sin embargo, se le planteó como interlocutor.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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