Los “abrazos, no balazos” de AMLO, dejaron el sexenio más violento de México
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con 194 mil 510 víctimas de asesinato y 53 mil 566 víctimas de desaparición registradas entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador resultó el más violento en la historia reciente de México; su estrategia basada en las Fuerzas Armadas y en el lema “abrazos, no balazos”, no pudo sacar al país de la espiral homicida en la que se encuentra desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, proclamada por Felipe Calderón Hinojosa en 2006.
De acuerdo con los datos oficiales actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el sexenio de López Obrador se registraron 20 mil 624 víctimas de asesinato en Guanajuato, 16 mil 245 en Baja California, 16 mil 237 en el Estado de México, 13 mil 696 en Chihuahua, 13 mil 668 en Jalisco y 12 mil 888 en Michoacán.
Las autoridades de Sonora y Guerrero reportaron más de 9 mil asesinatos cada una, mientras que las de Veracruz, Morelos y Nuevo León registraron cifras superiores a 7 mil víctimas de homicidio y feminicidio.
En comparación con los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la gestión de López Obrador estuvo marcada por un incremento sustancial en los homicidios dolosos y feminicidios en Morelos, Nuevo León, Michoacán, Sonora y Zacatecas, y con un estancamiento de la violencia en niveles elevados en Baja California, Chihuahua, Guanajuato o el Estado de México.
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo heredó de sus antecesores un país hundido en la violencia, lo que se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según el cual 58.6% de la población se siente insegura en su ciudad.
En tan sólo tres semanas al frente del país, la presidenta ha tenido que lidiar con el conflicto entre Mayitos y Chapitos en Culiacán, que salpica a la vida política local; el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas y la masacre de migrantes en Villacomaltitlán, Chiapas, por parte de militares; la decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos; los atentados contra abogados y políticos en la Ciudad de México; los asesinatos de una niña y enfermera en Nuevo Laredo por parte de soldados de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); o las balaceras y quemas de vehículos en Villahermosa.
Los datos del SESNSP sugieren que, durante el sexenio de López Obrador, la incidencia de violencia homicida se redujo en Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y la Ciudad de México; sin embargo, estas entidades concentraron el mayor número de desapariciones registradas a lo largo del gobierno pasado, junto con el Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
A nivel municipal, la imparable ola de violencia por el control de las ciudades fronterizas con Estados Unidos se agravó en el sexenio, con 10 mil 580 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso y feminicidio en Tijuana, a las que se sumaron 6 mil 671 en Ciudad Juárez.
En los últimos seis años, 30 ciudades registraron más de mil asesinatos, y en conjunto sumaron más de 63 mil carpetas de investigación: cuatro de ellas se encuentran en Guanajuato (León, Celaya, Irapuato y Salamanca), otras cuatro están en Jalisco (Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan), hay tres en Michoacán y en Baja California (Tijuana, Morelia, Zamora, Uruapan, Ensenada y Mexicali), y dos en Chihuahua (Ciudad Juárez y Chihuahua), en Sonora (Cajeme y Hermosillo) y en Colima (Manzanillo y Colima).
Completan la lista algunas capitales estatales, como Culiacán, Cancún, Monterrey, San Luis Potosí, Cuernavaca, Puebla, así como los municipios de Acapulco, Ecatepec, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Fresnillo.
Durante su campaña, Sheinbaum prometió que su gobierno enfocará su atención a 10 municipios con altas tasas de homicidios para reducir la incidencia delictiva. Se trata de Colima, Tijuana, Acapulco, Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Cancún, que en conjunto sumaron 35 mil 232 carpetas de investigación por homicidios y feminicidios durante el sexenio de López Obrador.
Con información de proceso.com.mx
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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