Trump y la amenaza de deportar a dos millones de migrantes

Washington, 18/10/24 (Más/IA).- El expresidente Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus propuestas más controversiales: deportar masivamente a migrantes indocumentados si es reelegido en 2024. En una reciente entrevista, su compañero de fórmula, JD Vance, estimó que el objetivo inicial sería deportar a un millón de personas, y la campaña ha adoptado el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”, generando preocupación entre expertos y defensores de los derechos de los migrantes.

Trump promete reforzar las políticas migratorias iniciadas durante su primer mandato, lo que implicaría la expulsión de millones de personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos. Sin embargo, especialistas advierten que una operación de tal magnitud conllevaría desafíos legales, logísticos y financieros significativos. Hoy en día, se estima que en el país residen 11 millones de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos con más de una década de estancia en territorio estadounidense.

Una de las principales barreras para una deportación masiva sería el colapsado sistema de tribunales de inmigración, que ya enfrenta retrasos prolongados. Los inmigrantes tienen derecho a un proceso legal antes de ser deportados, y el aumento de casos ralentizaría aún más los procedimientos. Además, muchas ciudades en Estados Unidos, denominadas “ciudades santuario”, han aprobado leyes que limitan la cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), complicando la logística de las deportaciones.

“El ICE necesita la colaboración de las autoridades locales para localizar y detener a los migrantes”, explicó Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Políticas de Migración. En algunos condados, como Broward y Palm Beach en Florida, ya han rechazado participar en operativos de deportación masiva, lo que podría dificultar aún más la implementación de los planes de Trump.

Además de los obstáculos legales, los expertos subrayan los desafíos logísticos. En la actualidad, el ICE cuenta con 20,000 agentes, una cifra que sería insuficiente para ejecutar deportaciones masivas, que requerirían inversiones multimillonarias en personal y recursos. En 2023, el ICE deportó a cerca de 140,000 personas, y alcanzar la cifra de un millón de deportaciones en un solo año implicaría una ampliación drástica de las capacidades del gobierno.

El costo estimado para un plan de esta magnitud asciende a más de 100,000 millones de dólares, según los expertos. Este presupuesto incluiría no solo los arrestos y deportaciones, sino también la construcción de nuevas instalaciones de detención, un aumento significativo en los vuelos de repatriación y el apoyo logístico de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.

Los defensores de los derechos de los migrantes advierten sobre el costo humano de estas deportaciones masivas. Separaciones familiares, operativos en comunidades y lugares de trabajo, y la cobertura mediática de niños y familias deportadas podrían tener un impacto negativo en la opinión pública y representar un riesgo político para Trump. Adam Isacson, experto en migración, señaló que las “imágenes espantosas de deportaciones masivas” podrían dañar la imagen del expresidente.

Aunque Trump ha reiterado su intención de seguir adelante con esta política, el panorama legal y logístico plantea dudas sobre su viabilidad, mientras el debate migratorio sigue siendo uno de los temas más divisivos en la campaña electoral de 2024.

Con información de MassInformación.

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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial

La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.

Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.

De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.

También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.

Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.

 

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