Gobierno federal no tiene registro de las pruebas de laboratorio que debieron aplicarse al balasto del Tren Maya
El gobierno federal no tiene las pruebas de laboratorio que debieron hacerse al balasto del Tren Maya.
A través de solicitudes de información, Latinus pidió a Tren Maya SA de CV, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Fonatur y Fonatur Tren Maya entregar copia de los exámenes de calidad que se aplicaron al balasto, que es la piedra que va debajo de las vías y que le sirve de soporte a los trenes.
Las entidades federales negaron tener copias de esas pruebas, argumentando que no encontraron la información requerida.
Desde que se inició la construcción de esta obra en el sureste, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Fonatur comunicaron a los constructores sobre el tipo de pruebas físicas y químicas a las que debían someter el balasto, además de que les exigieron contratar una supervisión externa para revisar la calidad de la piedra.
El pasado 11 de marzo, un reportaje de Latinus reveló que Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy y “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobornó a un laboratorio para que el balasto que vendió pasara todos los exámenes de calidad.
“Cada 3 mil metros cúbicos va su ‘mochadita’, su ‘mochadita’ para que den el ‘palomazo’ que todo está bien”, dice Olán en una conversación con Pedro Salazar Beltrán, otro de los operadores de El Clan.
En el reportaje de marzo, Latinus señaló que esas pruebas no se realizaron en miles de metros cúbicos de balasto, según las conversaciones del amigo de los hijos del expresidente López Obrador.
“Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, se jacta Olán en las pláticas telefónicas, en las que Pedro Salazar Beltrán y su hermano Osterlen describen que al laboratorio le entregaron 80 mil pesos para que dejaran pasar, sin análisis, 80 mil metros cúbicos de balasto para el Tren Maya.
Con información de Latinus
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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial
La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.
Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.
De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.
También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.
Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.
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