En las líneas de hoy, quiero abordar un tema que ha venido afectando profundamente la dinámica del federalismo en México: la progresiva pérdida de facultades de los estados frente al gobierno federal. Año tras año, observamos cómo las políticas públicas implementadas por el ejecutivo federal favorecen un esquema centralista, debilitando la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones en áreas cruciales para el desarrollo regional.
Un ejemplo de esta tendencia es el programa IMSS-Bienestar, que pretende abarcar toda la infraestructura hospitalaria, así como la administración de medicamentos y otros recursos médicos bajo un control centralizado. Esta iniciativa plantea un modelo en el que el gobierno federal asume, de manera homogénea, competencias que históricamente han correspondido a los estados. Desde esta óptica, el ejecutivo federal busca concentrar cada vez más poder en sus manos, eliminando la autonomía local en la toma de decisiones de gran relevancia.
Cabe hacer mención que el estado de Chihuahua ha decidido a día de hoy no adherirse al programa del imss bienestar, me parece en lo particular un acierto toda vez que puede manejarse una política pública eficiente dentro de lo local para nuestro estado de Chihuahua.
Bajo este análisis, resulta evidente que los estados están perdiendo gradualmente su capacidad de acción, viéndose forzados a ceder facultades que, de acuerdo con el artículo 124 de nuestra Constitución, les corresponden de manera exclusiva. Este artículo establece que "las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias". Sin embargo, la realidad actual nos muestra un panorama preocupante, donde la centralización del poder es una constante que amenaza con desdibujar el equilibrio federal.
Esta centralización no solo es perjudicial para la diversidad de soluciones que pueden implementarse a nivel local, sino que también debilita la capacidad de los estados para adaptarse a las necesidades específicas de su población. Si continuamos por este camino, corremos el riesgo de que los estados se conviertan en meros espectadores, sin voz ni voto en la construcción de las políticas públicas que afectan a sus ciudadanos.
Me preocupa profundamente que esta tendencia centralista, si no es detenida a tiempo, termine por consolidarse, dejando a los estados en una posición de total dependencia del gobierno federal.
Es entonces importante que comprendamos el peso de defender nuestra democracia, preservando todos los pilares fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Debemos evitar que una concentración desmedida de poder genere desequilibrios que puedan afectar el desarrollo de los estados.