Sexenario de la corrupción: nuevos y viejos modos (2019-2024)

Durante su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó como un triunfo de su administración haber “cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo”. Este discurso de autocomplacencia sobre uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana ha sido constante a lo largo de su mandato, aun cuando los casos de corrupción, tanto en su gobierno como en la esfera pública, no han dejado de acumularse. A pesar de las promesas de erradicar las prácticas corruptas, los mecanismos y redes de corrupción no sólo se han perpetuado, sino que han adquirido nuevos rostros y beneficiarios.

Un episodio emblemático ocurrió el 31 de agosto de 2019, un día antes de su primer informe de gobierno. El presidente, confiado, declaró que se había ganado la batalla contra la corrupción. En esa ocasión, sacó por primera vez el “pañuelito blanco” para afirmar que “ya no hay corrupción arriba”. Sin embargo, menos de un año después, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que revelaba el que sería el caso de corrupción más grande de su sexenio: los desvíos de más de 15?000 millones de pesos destinados a los programas alimentarios para las poblaciones más vulnerables, ejecutados a través de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El caso continúa impune en su parte más alta, pues quien fuera su titular durante los desvíos, Ignacio Ovalle, no fue investigado; por el contrario, fue premiado con otro puesto en la Secretaría de Gobernación.

A pesar de este escándalo monumental y de otros casos que se sumaron a lo largo del sexenio, el discurso del presidente no cambió. Día tras día, insistió en que la corrupción en su gobierno era cosa del pasado. Fue hasta el 29 de junio de 2023 que el mandatario reconoció públicamente las irregularidades en Segalmex, pero lo hizo bajo una narrativa que buscaba minimizar su impacto. “Es el único caso”, afirmó, como si con ello pudiera borrar el rastro de otros episodios que también fueron documentados por medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Peor aún: dijo que los directivos habían sido engañados por algunos priistas que seguían en la administración.

En los últimos seis años, han sido abundantes las evidencias de diversas formas de corrupción en distintas áreas del gobierno. Ello nos obliga a hacer una clasificación que facilite su comprensión y análisis, además de ponerle nombre y apellido a los presuntos responsables. En este “sexenario de la corrupción”, hemos agrupado los casos que registramos en seis grandes categorías: justicia discrecional, sobornos, moches y enriquecimiento ilícito; desvío de recursos públicos, corrupción electoral, abuso de la ley, así como conflicto de intereses. Cada una de estas categorías refleja no sólo los patrones que han persistido en el gobierno actual, sino también la capacidad del poder corruptor para reinventarse y operar bajo nuevas formas, ahora disfrazadas de un discurso de austeridad y transformación.

Los casos de justicia discrecional son unos de los más preocupantes, ya que involucran la manipulación política del sistema judicial para favorecer a ciertos actores cercanos al poder, mientras se castiga selectivamente a quienes resultan incómodos. Ejemplos de este fenómeno incluyen la injerencia directa del presidente en las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y el uso político de las instituciones judiciales para perseguir a opositores y críticos, incluyendo a miembros de organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la corrupción del régimen.

En cuanto a sobornos, moches y enriquecimiento ilícito, hemos visto cómo la vieja práctica de intercambiar dinero por favores políticos entre personas cercanas al poder sigue siendo una constante en diversas secretarías y niveles de gobierno. Aunque el discurso oficial insiste en que la corrupción se ha erradicado, las investigaciones demuestran que, bajo la superficie, continúan existiendo redes de complicidad entre empresarios y funcionarios.

El desvío de recursos públicos es uno de los mecanismos de corrupción más documentados durante el sexenio, se ha materializado en programas sociales diseñados con el propósito explícito de beneficiar a sectores vulnerables, pero cuyos recursos han sido sistemáticamente desviados hacia otros fines. Segalmex es sólo el ejemplo más visible de un esquema que se ha repetido en otros programas sociales clave.

La corrupción electoral, presente en los comicios de 2018, 2021 y 2024, ha evidenciado el uso de recursos públicos y programas sociales con fines proselitistas, lo cual viola la equidad electoral. Estos casos no han sido suficientemente sancionados, lo que ha contribuido a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.

Finalmente, el abuso de la ley y el conflicto de intereses se han manifestado en múltiples áreas del gobierno, desde la emisión de decretos para favorecer a empresas vinculadas a amigos y familiares del presidente, hasta la manipulación de licitaciones públicas en favor de consorcios cercanos al poder. Estos episodios nos recuerdan que la corrupción, lejos de ser un problema erradicado, sigue siendo un fenómeno sistémico que afecta a la democracia y al estado de derecho en México.

A continuación, presentamos un recuento breve —pues para hablar detalladamente de cada caso requeriríamos varios cientos de hojas— pero exhaustivo de los principales mecanismos y casos de corrupción que sucedieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Justicia Discrecional

Una de las formas más efectivas de controlar la corrupción es abatir la impunidad. Un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar actos de corrupción no sólo permite recuperar los recursos desviados, sino también modificar las condiciones que permitieron estos actos y disuadir que sucedan en el futuro.

Al analizar los casos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, es evidente que la impunidad fue un factor que los favorecía. Seis años después, el sistema de justicia aún opera como una extensión del poder político. Aquellas personas que forman parte del grupo en el poder —o que se alinean con él— reciben un trato preferencial e incluso pueden evadir las sanciones. En cambio, quienes no aceptan enfrentan un trato más severo. Aún peor: algunas de las voces críticas acaban por recibir acusaciones sin pruebas.

Un elemento adicional de preocupación es que muchas de las acusaciones penales en casos de corrupción no han resultado en sentencias. Esto no sólo es reflejo de un sistema judicial ineficaz, sino de fallas en las autoridades responsables de investigar.

Ante las acusaciones de corrupción en contra de aliados, el gobierno de López Obrador adoptó cuatro estrategias: negó o minimizó las acusaciones, las atribuyó a maquinaciones de sus opositores, defendió a los acusados como personas honorables o, ante la abrumadora evidencia, prometió una investigación que nunca sucedía.

Desde sus conferencias mañaneras, el presidente defendió a Ignacio Ovalle por los desvíos en Segalmex alegando que eran sus subordinados los responsables; elogió a Delfina Gómez tras las acusaciones de cobrar diezmos en Texcoco y justificó a Alejandro Esquer tras la divulgación de videos en los que se le ve depositar millones de pesos en efectivo a un fideicomiso de Morena, como lo dio a conocer MCCI en diciembre de 2021. Ante las acusaciones contra su familia —hermanos, hijos, primas—, fustigó a los medios que lo revelaron.

Otro ejemplo es el del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrentó múltiples acusaciones de corrupción, incluso fue vinculado al crimen organizado, sin que ello haya resultado en consecuencias legales en su contra. Blanco tomó protesta en 2024 como diputado federal plurinominal por Morena.

Otro caso fue el desplome de la Línea 12 del Metro en 2021, que dejó veintiséis muertos y más de ochenta heridos. Aunque una investigación independiente atribuyó el colapso a fallas en la construcción durante el gobierno de Marcelo Ebrard, y de mantenimiento durante el de Claudia Sheinbaum, el presidente exculpó a ambos e insistió en considerarlo como un incidente. En cambio, la investigación se concentró en algunos funcionarios responsables de la construcción, pero ninguno ha llegado a una sentencia. La empresa que construyó ese tramo, Carso Infraestructura y Construcción, negó tener responsabilidad aunque acordó realizar trabajos de rehabilitación.

El trato favorable no sólo estuvo reservado para aliados del presidente, sino también para quienes decidieron sumarse a la causa. Por ejemplo, en Hidalgo, una investigación de la fiscalía estatal de 2022 sobre adjudicaciones directas a empresas fantasma por 422 millones apuntaba inicialmente al gobernador priista Omar Fayad y su gabinete; sin embargo, luego de ser nombrado embajador en Noruega, la fiscalía desestimó que el exgobernador tuviera alguna responsabilidad. En total, fueron cinco exgobernadores priistas quienes recibieron cargos diplomáticos.

Alejandro Murat dejó el gobierno de Oaxaca en 2023 con irregularidades por más de 6000 millones de pesos para acciones de salud, según la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, ahora es senador por Morena. Su compañero de bancada, Javier Corral fue originalmente acusado de conflicto de intereses por el gobierno de López Obrador, pero ahora es protegido por el oficialismo de las acusaciones de corrupción en su contra. Incluso, personajes como Alfredo Del Mazo, exgobernador del Estado de México, quién renunció al PRI en 2024 y está vinculado a varios casos de corrupción, nunca enfrentó investigaciones ni acusaciones desde el gobierno federal.

Otro beneficiario fue el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Arrestado en Estados Unidos en 2020 por narcotráfico, fue liberado por gestiones del gobierno federal; en 2021, la FGR decidió no ejercer acción penal en su contra. En 2023, el presidente López Obrador le entregó la medalla “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse. Ni la comisión de la verdad ni la fiscalía especial pudieron esclarecer los hechos. Sin embargo, el presidente aseguró en 2024, en una carta publicada en La Jornada, que no había evidencia de la participación directa de las Fuerzas Armadas, a pesar de que tanto la Comisión como la fiscalía apuntaron a que el Ejército había ocultado información.

Para quienes se oponen al gobierno, el trato ha sido marcadamente distinto. Rosario Robles, acusada por participar en la Estafa Maestra, estuvo en prisión preventiva por más de tres años, antes de ser absuelta en 2023 por un juez. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada desde 2021, lo que lo llevó a perder la candidatura a diputado federal plurinominal en 2024, aunque aún no ha comenzado el juicio en su contra.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con Santiago Nieto, jugó un papel clave en muchas acusaciones sin resultados concretos. En 2019 bloqueó las cuentas bancarias de Eduardo Medina Mora y su familia luego de que este anunciara su renuncia como ministro de la Suprema Corte, sólo para liberarlas luego de que el presidente aceptara su dimisión. La FGR eventualmente determinó que no había operaciones irregulares en las cuentas del exministro. Ese mismo año, Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, renunció tras ser investigado por la UIF pero nunca enfrentó cargos hasta su muerte en octubre de 2023. El tercer caso de ese año fue Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, quien renunció tras ser acusado de conflicto de intereses. Tras dejar el cargo, las acusaciones en su contra ya no prosperaron. El propio Santiago Nieto acabó por renunciar tras el escándalo de su boda en Guatemala.

En 2024, el siguiente titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso datos personales de periodistas e investigadores que habían dado a conocer casos de corrupción, sin presentar evidencias de las posibles irregularidades. De forma similar, el gobierno señaló en 2020 a organizaciones que recibieron fondos internacionales, como Artículo 19, CEMDA, México Evalúa y MCCI, y las acusó de tener una intención de desprestigiar al gobierno.

Finalmente, la Fiscalía de Ciudad de México, dirigida por Ernestina Godoy, también operó con criterios políticos. Detenciones como la de Alejandra Cuevas y Uriel Carmona, ambos absueltos por la inexistencia del delito, muestran un uso discrecional del aparato de justicia. Incluso, algunas investigaciones con sustento, como las del cártel inmobiliario, se vieron manchadas por intereses políticos tras las revelaciones de que la fiscalía obtuvo indebidamente los registros telefónicos de opositores políticos.

Sobornos, moches y enriquecimiento ilícito

El soborno es uno de los casos más evidentes de corrupción. Este tipo de corrupción es uno de los más sencillos de medir también. Según el Inegi, alrededor de 14?% de las personas que tuvieron contacto con algún servidor público en 2023 experimentaron al menos un acto de corrupción. Esto representa una ligera disminución con respecto a 2019, cuando fue de 16?%. En ambos casos, está todavía por encima de los niveles reportados en 2015.

Además del soborno, en esta categoría, también consideramos los moches —la apropiación de una parte de la nómina de los servidores públicos por parte de sus superiores— y el enriquecimiento ilícito. Estos tres actos implican una transacción de dinero que beneficia a individuos específicos.

Contrario al discurso oficial, que sostiene que se acabó la corrupción, en los últimos seis años hemos documentado mordidas, moches y casos de enriquecimiento ilícito que involucran a todas las fuerzas políticas y a partes del sector privado. La frecuencia de estos actos revela que enfrentamos un fenómeno sistémico, no eventos aislados, que compromete a todos los actores del sistema político y no sólo a unos cuantos.

El caso Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más grandes en Latinoamérica. Entre 2007 y 2014, la constructora brasileña pagó al menos 788 millones de dólares en sobornos en diez países de América Latina y dos de África para obtener contratos públicos. Las investigaciones penales posteriores llevaron a prisión a los presidentes de al menos cuatro naciones.

En México, el proceso no ha llevado a ninguna sentencia condenatoria. En 2019 se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Lozoya fue detenido en España y extraditado a México en 2020, donde intentó ser testigo colaborador al denunciar a altos funcionarios de gobiernos pasados por recibir sobornos, incluidos los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas. No obstante, en 2024 declaró que estas denuncias no tenían ninguna validez,

Un video filtrado a los medios en 2020 mostró a colaboradores de legisladores panistas recibiendo dinero en efectivo por parte del equipo de Lozoya en Pemex, supuestamente para aprobar la reforma energética de 2013. Esto llevó a la detención del senador Jorge Luis Lavalle en 2021, aunque fue liberado en 2022 para continuar su proceso en libertad. Otro funcionario acusado, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, sigue prófugo.

Lozoya pudo llevar su proceso en libertad hasta 2021, cuando le fue dictada la prisión preventiva, apenas unos meses después de ser visto cenando en un restaurante de lujo. En 2024, recuperó su libertad, aunque sigue el proceso penal en su contra. Hasta ahora, ni Lozoya ni ningún otro funcionario involucrado han sido declarados culpables.

En 2022, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó la publicación de la investigación del caso, revelando la participación de funcionarios del gobierno actual, como Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería Olmeca.

Además del caso de Odebrecht, Emilio Lozoya enfrenta acusaciones por haber recibido más de tres millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex adquiriera la planta de agronitrogenados a un sobreprecio. El presidente del consejo de administración de AHMSA, Alonso Ancira, también acusado por este caso, fue detenido en España en 2019 y extraditado a México en 2021, donde firmó un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares. Hasta noviembre de 2023, AHMSA había pagado 104 millones de pesos y tiene hasta noviembre de 2024 para liquidar el resto. En marzo de 2024, Ancira y su familia renunciaron al consejo de administración de la empresa.

Pemex estuvo involucrada en un tercer caso de sobornos, que abarcó también a la gestión de López Obrador, En 2020, Vitol, una de las empresas energéticas más grandes del mundo, reconoció haber pagado sobornos entre 2017 y 2020 para conseguir contratos con la paraestatal. La empresa fue vetada durante tres años, hasta 2023, cuando pagó 30 millones de dólares como medida reparatoria. En 2024, un exoperador de esta empresa, Javier Aguilar, se declaró culpable de haber sobornado a dos funcionarios de Pemex Procurement International por más de 600?000 dólares para recibir información privilegiada.

En junio de 2024, el gobierno federal dió a conocer otro caso, en el ISSSTE, que generó un daño al erario por 15?000 millones de pesos. Éste consistió en incrementar ilegalmente pensiones y hacer pagos duplicados a proveedores. De acuerdo con el gobierno, existen 731 sanciones a servidores públicos, 57 denuncias que involucran a más de 3000 personas, pero únicamente cinco están vinculadas a proceso penal.

Pero no sólo hubo sobornos en estos años. También se revelaron personajes políticos que pidieron dinero en efectivo a sus subordinados. Uno de los casos más documentados ocurrió en el gobierno municipal de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez, entre 2013 y 2015. El gobierno de Gómez retuvo alrededor de 13 millones de pesos a más de 500 empleados municipales bajo el pretexto de “donaciones voluntarias” a Morena; en realidad se usaron para pagar a proveedores del partido. Por este hecho, el INE sancionó a Morena con 4.5 millones de pesos en 2021 y, en enero de 2022, el Tribunal Electoral confirmó la multa.

A pesar de ello, el presidente López Obrador calificó estas acusaciones como parte de una campaña injusta en contra de Delfina Gómez y la defendió al decir que era una persona honesta. Gómez, lejos de enfrentar sanción alguna, fue nombrada delegada de los Programas de Bienestar en el Estado de México y titular de la SEP, donde la Auditoría Superior detectó irregularidades por 830 millones de pesos. Desde septiembre de 2023 es gobernadora del Estado de México.

Este no fue el único caso. En 2021, Rocío García Pérez, entonces directora del DIF, fue denunciada por exigir a sus subordinados entregar una parte de sus salarios en efectivo para un programa sin registros. Las aportaciones sumaban 650?000 pesos mensuales. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) desestimó la denuncia por falta de pruebas. García Pérez fue nombrada como subsecretaria en la Secretaría del Bienestar en 2022 y, en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que García Pérez regresaría como titular del DIF.

Además, en marzo de 2023, Carlos Loret reveló que quince trabajadores del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) acusaron a José Ángel Anzures Galicia de retener el 30?% de sus salarios. Anzures renunció tras la denuncia. Asimismo, Jaime Cárdenas, exdirector del INDEP, confesó en una entrevista a Procesoque renunció luego de que el presidente le ordenara aportar 2000 millones de pesos para la rifa del avión presidencial.

Otra forma de la corrupción es el enriquecimiento ilícito. Esta fue una gran preocupación ciudadana, que culminó en la iniciativa de reforma conocida como 3de3 y llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, en estos últimos años existen casos de diferentes partidos de personajes que incrementaron su patrimonio de forma injustificada. Por ejemplo, en 2019, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue acusado por mentir en su declaración patrimonial. Moreno declaró haber adquirido 15 propiedades en Campeche por 5.3 millones de pesos, pero su valor comercial era de alrededor de 103 millones de pesos. Posteriormente, una investigación de MCCI de 2022 reveló que Moreno, junto con su familia y colaboradores cercanos, poseía 35 propiedades en Campeche, adquiridas a precios por debajo de su valor de mercado. En julio de 2024, Reforma expuso una casa, supuestamente construida por Moreno cuando era gobernador de Campeche (2105 a 2019), valuada en 300 millones de pesos. Una última investigación de MCCI apuntó que su hermano, Gabriel Emigdio, posee seis empresas fantasma que enviaron al menos cuatro millones de pesos a Moreno.

En 2022, la fiscalía de Campeche solicitó desaforar a Moreno como diputado federal para investigarlo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, legisladores de Morena frenaron el proceso luego de que el PRI apoyará la extensión de periodo para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad. En 2024, Moreno fue electo senador y modificó los estatutos del PRI para reelegirse como su presidente hasta 2028. El INE anuló estas modificaciones pero posteriormente el TEPJF validó la elección.

Algunos funcionarios federales también enfrentaron acusaciones de enriquecimiento ilícito. Uno de ellos fue Santiago Nieto, extitular de la UIF. En 2021, la FGR abrió una investigación en su contra tras una denuncia de que su patrimonio no correspondía a sus ingresos. En 2023, fue denunciado de nuevo por participar en una red de evasión fiscal que involucra a su cuñado. Nieto negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña para afectar su candidatura al Senado por Querétaro en 2024, que no ganó.

En 2021, la Cámara de Diputados desaforó al diputado del PT Mauricio Toledo, acusado de tener propiedades que excedían el valor de sus ingresos. Desde entonces, está en Chile, dónde la Corte Suprema rechazó su extradición a México.

Finalmente, Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, fue acusado de tener una riqueza inexplicable. Un reportaje de Proceso, publicado en septiembre de 2024, señaló que dos despachos en los que García es socio recibieron ingresos por más de 2000 millones de pesos desde que este ocupa cargos públicos. Además, este mismo año, El Norte reveló una triangulación de más de 200 millones de pesos de un proveedor del gobierno estatal a uno de los despachos. García ha negado estas acusaciones. En 2024, intentó ser candidato presidencial de su partido, pero al no poder garantizar que su secretario de Gobierno asumiría como interno, optó por seguir como gobernador.

Desvío de recursos públicos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido uno de los principales organismos encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos, y sus reportes han revelado las profundas irregularidades en diversas áreas del gobierno. Entre 2019 y 2023 identificó irregularidades que aún deben ser recuperadas o aclaradas por 127?000 millones de pesos. Estos datos subrayan la magnitud del desvío de recursos que persiste, a pesar de las declaraciones del gobierno de haber erradicado la corrupción. Uno de los casos más emblemáticos de este sexenio, tanto por la cantidad desviada como por la impunidad con la que operó, es el de Seguridad Alimentaria Mexicana, documentado por MCCI desde 2020.

Segalmex es una entidad creada para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables y fue señalada por el mayor escándalo de desvío de recursos públicos en la administración de AMLO. En 2021, la ASF reveló desvíos por más de 15?000 millones de pesos a través de contratos fraudulentos y empresas fantasma. La institución, a través de sus subsidiarias Diconsa y Liconsa, adjudicó contratos multimillonarios a compañías que no existían o que estaban vinculadas a personas cercanas al poder.

Uno de los personajes clave en este entramado fue René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de la dependencia, acusado de beneficiar a empresas fantasma y participar en operaciones ilegales, como el desvío de recursos para la compra de productos que nunca llegaron a su destino. Las investigaciones han apuntado también a Ignacio Ovalle, quien dirigió Segalmex, como responsable de permitir la operación de estas redes de corrupción. A pesar de las múltiples denuncias y las investigaciones en curso, no ha habido sanciones significativas contra los responsables de estos desfalcos. Sólo Gavira está actualmente en prisión preventiva.

Además, el caso se agrava con la existencia de cientos de “aviadores” en la nómina de de esta institución, es decir, personas que cobraban un salario sin realizar ninguna labor. Este esquema de corrupción extendido se refleja también en otros grandes proyectos del gobierno, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Tren Maya ha sido objeto de múltiples investigaciones que han revelado un uso indebido de materiales de baja calidad, contratos irregulares y sobrecostos millonarios. En 2024, LatinUs documentó cómo se utilizaron materiales inadecuados para la construcción de las vías, poniendo en riesgo no sólo la calidad del proyecto sino también la seguridad de quienes eventualmente lo usarán.

Por su parte, la Refinería de Dos Bocas ha estado marcada por opacidad en los contratos adjudicados, sobre todo en uno que beneficia al empresario Daniel Flores, por más de 30?000 millones de pesos. Flores era un empresario cercano a Adán Augusto López y murió en 2023 tras un accidente aéreo. Las irregularidades detectadas en la asignación de contratos y la falta de transparencia en los procesos de licitación son indicativos de cómo se han manejado estos proyectos.

El AIFA no se queda atrás en términos de irregularidades. El proyecto ha sido criticado no sólo por su utilidad limitada sino por los desvíos de recursos y los sobrecostos que han afectado su viabilidad financiera. Adicionalmente, este caso refleja los problemas de transparencia con las obras construidas por los militares, pues los periodistas apenas han logrado obtener —gracias a solicitudes de información tramitadas ante el Inai— los contratos equivalentes a uno de cada cuatro pesos que se gastaron en la obra. De lo que sabemos, todos estos contratos fueron por adjudicación directa. Sin embargo, 75?% del gasto sigue en la opacidad y no ha sido sometido al escrutinio público.

El manejo de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, también ha sido objeto de desvíos y mal manejo de recursos públicos. Un ejemplo claro es el censo del Bienestar, que desde su inicio fue cuestionado por la falta de transparencia y por las irregularidades en el registro de las personas que necesitaban apoyos. Asimismo, se han reportado casos de tarjetas del Banco del Bienestar que desaparecen o son clonadas, dejando a miles de beneficiarios sin acceso a los apoyos económicos a los que tienen derecho.

Otro caso emblemático de desvío de recursos es el de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara. Las denuncias por malos manejos financieros en la institución han sido constantes: desde la asignación irregular de contratos, hasta el desvío de fondos destinados a apoyar atletas. A pesar de las múltiples denuncias, incluidas investigaciones de la ASF y de la FGE por más de 600 millones de pesos, Guevara continuó al frente de la comisión hasta el final del sexenio, y los deportistas han expresado repetidamente su descontento por la falta de transparencia y apoyo en sus entrenamientos y competencias.

Aunque la llamada Estafa Maestra surgió en el sexenio anterior, este esquema de desvío de recursos públicos a través de triangulación entre instituciones públicas y empresas fantasma continuó operando en el gobierno de López Obrador. Entre los personajes clave de este caso se encuentran Rosario Robles, que enfrentó prisión preventiva de manera injustificada por ser considerada adversaria política y probablemente para mostrar que la lucha contra la corrupción “iba en serio”. La gran mayoría de los implicados siguen libres de investigaciones en su contra y muchos siguieron participando en la política, como Alfredo del Mazo. La plataforma Corruptómetro ha revelado la aceptación de sobornos para detener los procesos penales de algunos de los implicados.

El Estado de México también ha sido epicentro de escándalos de corrupción, con empresas fantasma involucradas en contratos públicos y hospitales abandonados que fueron pagados con recursos públicos pero nunca construidos. Este patrón de corrupción ha afectado directamente la calidad de vida de millones de mexicanos.

El desvío de recursos públicos ha sido una constante a lo largo del sexenio de López Obrador, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno por minimizar estos casos y proclamarse libre de corrupción. Las irregularidades en proyectos emblemáticos, programas sociales y el manejo de instituciones clave como Conade y Segalmex son sólo algunos ejemplos de cómo la corrupción sigue permeando las estructuras gubernamentales, con consecuencias devastadoras para la confianza pública y el desarrollo del país.

Corrupción electoral

Hace seis años, Integralia Consultores y MCCI advirtieron que el financiamiento y el gasto ilegal en campañas políticas eran los mayores problemas de la democracia electoral en México. De acuerdo con el estudio, las campañas gastan hasta 25 pesos por cada peso reportado a las autoridades electorales. Este financiamiento ilegal afecta la equidad en la contienda, encarece las campañas y fomenta el desvío de recursos públicos. Hoy las preocupaciones sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones siguen siendo las mismas.

A pesar de la complejidad de documentar el financiamiento ilegal de campañas, existen notables esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por detectar irregularidades en el gasto de los partidos, como en los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate en el 2000, Monex en 2012 y los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco en 2015. Además, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también han documentado mecanismos ilegales de financiamiento. En 2018, MCCI reveló la Operación Sáfiro (con ese), un esquema de desvío de 650 millones de pesos que involucró al gobierno federal y a autoridades de siete estados para financiar campañas del PRI en las elecciones locales de 2016. Este esquema fue confirmado posteriormente en la investigación del “caso viuda negra”.

Los casos consignados en esta categoría muestran las diversas formas en que se financian ilegalmente las campañas a pesar del complejo marco legal vigente. Esto es especialmente preocupante ante la próxima elección de ministros, jueces y magistrados.

El gobierno de Manuel Velasco en Chiapas otorgó al menos 2420 millones de pesos a empresas fantasma, según investigaciones periodísticas y observaciones hechas por la ASF. Parte de estos recursos se usaron, presuntamente, para la compra de votos. Además, al menos dos de las empresas involucradas participaron en el esquema de la Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Velasco fue gobernador de Chiapas de 2012 a 2018. En 2023, participó en el proceso para seleccionar la candidatura presidencial de Morena y sus aliados. Actualmente, coordina la bancada más grande que ha tenido el PVEM en el Senado.

El Partido Verde no es el único que ha recurrido a empresas fantasma. Existen mecanismos de presunto financiamiento ilegal vinculados con Morena. En 2022, MCCI y LatinUs difundieron videos en los que Esquer y sus colaboradores realizaron 28 depósitos en efectivo por 1.4 millones de pesos al fideicomiso Por los Demás, anunciado por Morena para apoyar a las personas damnificadas por los terremotos de ese año. El INE encontró que 44?% de los 64.5 millones de pesos recibidos provinieron de depósitos en efectivo prohibidos por el contrato del fideicomiso.

El INE también detectó que los recursos fueron retirados principalmente por personas que militaban en Morena. MCCI y LatinUs encontraron que cerca de la mitad de estos operadores ocuparon eventualmente un cargo en el gobierno de López Obrador. En su momento, el presidente dijo que el Tribunal Electoral “resolvió que no había ningún delito”. Esto es incorrecto. En 2018, el Tribunal revocó la multa contra Morena por 197 millones de pesos, argumentando que la investigación no fue exhaustiva y que fueron violados los derechos de audiencia del partido, pero no resolvió el fondo del asunto.

El proceso electoral de 2024 comenzó con irregularidades. En junio de 2023, Morena lanzó una convocatoría para seleccionar a la persona coordinadora de los comités de defensa de la 4T, un eufemismo para burlar la ley y designar la candidatura presidencial, que finalmente ganó Claudia Sheinbaum. El INE detectó que quienes participaron en este proceso excedieron en 60 millones de pesos los gastos reportados y multó al partido por 61.5 millones de pesos. En enero de 2024, Sanjuana Martínez, entonces directora de Notimex, acusó a Luisa María Alcalde —actual dirigente de Morena— de exigirle desviar 30 millones de pesos de las liquidaciones de trabajadores de la institución que encabezaba a la campaña de Sheinbaum. Tanto López Obrador como Alcalde lo negaron.

Están documentadas otras tres irregularidades de Morena en procesos electorales. En 2023, Televisa mostró videos de colaboradores de Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en las oficinas del gobierno de Campeche antes de la elección estatal de 2021. Los funcionarios alegaron que el dinero era para “gestiones en favor del pueblo”. No obstante, el entonces gobernador interino Carlos Aysa González fue nombrado embajador en República Dominicana y su hijo, diputado federal del PRI, se unió a Morena.

En San Luis Potosí, Mónica Rangel, excandidata de Morena a la gubernatura se declaró culpable en 2022 de cometer fraude por 22 millones de pesos y uso abusivo de funciones públicas. Recuperó su libertad tras devolver el dinero.

Una agrupación política cercana a Morena, Que Siga la Democracia, utilizó firmas de casi 15?000 muertos para la consulta de revocación de mandato de 2022. El INE le impuso una sanción de medio millón de pesos.

De acuerdo con El Universal, Morena es el partido más opaco, pues fue el que más inconformidades ante el Inai recibió entre 2016 y 2024. Es el partido más sancionado por no atender las solicitudes de información y no ha cumplido con todas sus obligaciones de transparencia.

La oposición no se quedó atrás. En julio de 2023, el Frente Amplio por México lanzó su propio proceso, también eludiendo la ley electoral. Xóchitl Gálvez fue nombrada candidata. El INE detectó que PAN, PRI y PRD reportaron 4.8 millones de pesos de menos y los multó por poco más de millón y medio de pesos.

En enero de 2024, el presidente del PAN, Marko Cortés, reveló un acuerdo con el PRI para repartir secretarías, notarías y puestos en organismos estatales supuestamente autónomos en Coahuila. Este desacuerdo llevó a la ruptura de la alianza entre PRI y PAN en las elecciones locales de Coahuila de 2024.

En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. fue acusado de recibir aportaciones irregulares de empresas para su campaña presidencial de 2018. Detenido en 2022, pudo seguir su proceso en libertad meses después. No obstante, en mayo de 2024, la contraloría del estado declaró que omitió reportar 57 propiedades a nombre suyo, de su entonces esposa y uno de sus hijos en sus declaraciones patrimoniales.

Ejercicio abusivo de funciones

Las irregularidades cometidas por quienes estuvieron en el poder durante esta administración generaron beneficios para sí mismos o para sus grupos políticos. Darle la vuelta a la ley, operar al margen de las reglas y abusar de las funciones públicas son algunas de las estrategias que aplicaron en beneficio propio y en desmedro de la calidad de servicios públicos que recibe el resto de la sociedad. Este tipo de abuso de poder no sólo mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también obstaculizan el bienestar de las personas.

Una de las acciones más evidentes fue abusar de la pandemia para eliminar mecanismos de transparencia. Durante la emergencia sanitaria, las autoridades impulsaron distintos ajustes a la ley en beneficio de unos cuantos en el poder. Esto se tradujo en compras públicas a ciertos proveedores, mediante acuerdos y decretos que promovieron la opacidad y la discrecionalidad.

Las contrataciones públicas son uno de los espacios donde circula la mayor cantidad de recursos, pero también donde hay menos salvaguardas contra irregularidades. En momentos de crisis, la ley fue manipulada para favorecer a quienes estaban en el poder. Un ejemplo claro de esto es la gestión de la pandemia de covid-19. En 2020, un decreto presidencial facilitó la discrecionalidad en las adquisiciones de medicamentos y equipo médico. Esto permitió que seis dependencias del gobierno federal pudieran adjudicar contratos directamente bajo la justificación de la emergencia sanitaria y resultó en que empresas cercanas al gobierno obtuvieron contratos a precios inflados. Un caso particular sirve de muestra: el IMSS adquirió ventiladores a un sobrecosto a una empresa vinculada al hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, como lo documentó MCCI. Aunque la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esta empresa, sólo un mes después la inhabilitación fue revocada y la empresa continúa siendo proveedora del gobierno.

Las irregularidades generaron también un desabasto de medicamentos desde el año 2020 y hasta el momento, de acuerdo con organizaciones como Cero Desabasto y distintos medios de comunicación. El rezago en medicamentos y vacunas inició con los cambios en las compras consolidadas, pero durante el sexenio sufrió tres veces de cambio en la oficina responsable. Los cambios constantes, como la creación del Insabi o la participación de la oficina de la ONU para servicios de proyecto —la UNOPS—, rezagaron la compra de medicamentos.

Ajustar la ley a modo se convirtió en una constante en este gobierno. También hubo casos en este sexenio que favorecieron a la 4T al violar la ley, como el del exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Una reforma constitucional proponía extender el periodo de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte, que terminó por no ser aplicada. En su lugar, renunció antes de que terminara su periodo, lo que llevó a la designación directa de Lenia Batres, una abogada que durante su trayectoria en la vida pública ha acompañado a López Obrador. Este tipo de nombramientos afectan la independencia judicial y representan la captura de puestos públicos, que parecen ser conquistas del grupo en el poder, en lugar de puestos institucionales para toda la sociedad.
A lo largo de esta administración también se evidenciaron modificaciones de reglas y leyes que permitieron irregularidades y abusos de poder. Tal es el caso de la omisión del Congreso que casi llevó a la inoperancia de órganos constitucionales autónomos debido a la falta de nombramientos o designaciones, como el Inai, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros.

Conflicto de intereses

El conflicto de interés se convierte en un acto de corrupción cuando la decisión que toma el funcionario de gobierno es en beneficio propio o de los suyos y en contra del interés público.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su artículo 3, fracción VI, lo define como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Por ejemplo: cuando un funcionario pacta con un contratista para que le venda un predio a un precio por debajo del mercado, a cambio de que le asignen ciertos contratos.

AMLO no sólo prometió terminar con esta práctica, sino que el 13 de junio de 2019  distribuyó un memorándum que decía: “No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados”. No obstante, su promesa de no ser igual a sus antecesores no se vio reflejada en los hechos.

Quizá el caso más emblemático fue el que MCCI y LatinUs descubrieron en enero de 2022 demostrando que su primer hijo, José Ramón López Beltrán, y su pareja alquilaron una lujosa residencia en Houston, Texas, entre 2019 y 2020. La propiedad, conocida como “La Casa Gris” pertenecía a Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex.

Tras la publicación del reportaje, Baker Hughes negó que su división en Estados Unidos tuviera relación con Pemex. Por su parte, López Obrador reiteró que sus hijos no tenían influencia sobre el gobierno. Sin embargo, MCCI demostró en agosto de 2023 que la empresa había recibido 27 contratos con Pemex por más de 150 millones de pesos.

Posteriormente, en mayo de 2023, MCCI reveló que López Beltrán y su familia habitaban en una casa en Coyoacán, Ciudad de México, propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada. Ello representa un potencial conflicto de intereses, pues el periódico recibió poco más de mil millones en contratos de publicidad durante el gobierno de López Obrador. Pero este no ha sido el único hijo del presidente acusado.

En septiembre de 2023, MCCI documentó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estableció como requisito que la adquisición de juegos y bancas para distintas obras en Tabasco, Campeche y Quintana Roo se hicieran en específico con un proveedor, amigo de Andrés López Beltrán, otro de los hijos del presidente. La inversión total de estas obras suma más de 1000 millones de pesos.

Adicionalmente, MCCI dio a conocer que entre 2020 y 2022 más de 490 millones provenientes del extinto Insabi terminaron en las cuentas de una empresa que incumplía con la regulación sanitaria y era propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán. El mismo día LatinUs mostró que en diciembre de 2022 la misma empresa recibió del gobierno de Quintana Roo un contrato por 300 millones de pesos para entregar medicamentos y materiales de curación, pese a estar boletinada y tener su domicilio en una tienda de pisos y azulejos.

Seis días antes de que iniciara la construcción de la refinería Dos Bocas, Amílcar Olán, compró en un millón de pesos un terreno de 18 hectáreas a escasos kilómetros de la refinería. Hoy en día lo renta a uno de los principales contratistas en la construcción de la refinería, según publicó MCCI en diciembre de 2023.

La red de amigos de Andrés López Beltrán se extiende hasta el negocio familiar de chocolates. Una investigación conjunta entre Aristegui Noticias,Proceso y un consorcio internacional de periodistas de 2021 reveló que Sembrando Vida ha impulsado el cultivo de cacao en Tabasco, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo, en beneficio de la empresa de los hijos del presidente. El director técnico del programa, Hugo Chávez Ayala, fue compañero de escuela de Andy.

Amílcar Olán también ha recibido negocios en el Tren Maya a través de otro hijo del presidente, Gonzalo López Beltrán, quien, según unos audios publicados por LatinUsen enero de 2024, le ofreció explotar unas minas para el negocio del balasto usado en el trazado de las vías.

Los escándalos por conflicto de interés se extienden a los hermanos del presidente. Tanto Pío como Martín López Obrador aparecieron en videos recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, excolaborador de Manuel Velasco y luego excoordinador nacional de Protección Civil en el gobierno federal. En enero de 2021, la Sedatu asignó un contrato por 89 millones para renovar el estadio de béisbol del equipo Guacamayas de Palenque, fundado y dirigido por Pío.

Como estos podemos mencionar otros muchos ejemplos: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, compró a una parte del costo real, un departamento en el exclusivo fraccionamiento de Bosque Real, a una proveedora de la Sedena. Felipa Obrador, prima del presidente, ganó contratos con Pemex en 2019 y 2020 que suman más de 365 millones. Después de que se revelara esta noticia, la petrolera rescindió cuatro de los contratos.

León Manuel Bartlett, hijo del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, vendió ventiladores al IMSS durante la pandemia de covid-19 a un precio fuera del rango del mercado. A pesar de esto, de enero a agosto de 2021, la empresa recibió al menos siete contratos federales por más de 66 millones de pesos, según constató LatinUs. La familia de Bartlett también adquirió a precios ganga predios de lujo en la Riviera maya en puntos exclusivos y estratégicos por donde pasa el Tren Maya, según reportó Proceso.

Las personas cercanas al presidente no sólo se han beneficiado de contratos o predios, sino también de puestos y candidaturas. Por ejemplo, 28 exintegrantes de la ayudantía presidencial han obtenido otros cargos en el gobierno federal o en gobiernos locales, sin contar con la experiencia necesaria, según señala Animal Político. Además, ocho de los 32 superdelegados presentaron su renuncia para buscar ser gobernadores en las elecciones a pesar de que estaban siendo investigados por la Función Pública por nepotismo, negligencia o peculado, según documentó MCCI.

El presidente que prometió prohibir el nepotismo, el influyentismo y el amiguismo terminó su presidencia dejando a su hijo, Andrés López Beltrán, como dirigente del partido en el poder. El 22 de septiembre, tomó protesta como secretario de organización del partido, junto con Luisa Alcalde como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y Carolina Rangel como secretaria general.

Todos los casos aquí expuestos comparten una característica: gozan de completa impunidad.

Unidad de Investigación Aplicada de MCCI

Este proyecto fue coordinado por Leonardo Núñez González. Participaron María Amparo Casar, Marina Gómez Robledo, Renata Gómez Lameiras y Ricardo Alvarado Andalón.

Agradecemos el apoyo de quienes integraron nuestro programa de servicio social durante 2024: Brenda Cruz, Carlos García Miranda, Elizabeth Sánchez, Marco Mendoza, Ramón Rosales, Sandra Trejo, Tadeo Jaramillo y Tyra Jiménez.

Con información de redaccion.nexos.com.mx