CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos del Senado de la Republica, legisladores morenistas y aliados aprobaron la minuta sobre reforma en materia de áreas y empresas estratégicas, pasará al Pleno para su discusión.
La minuta fue aprobada por 29 votos a favor y 10 en contra en lo general y en lo particular.
El dictamen elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.
La iniciativa establece que el sector público tendrá a su cargo las áreas estratégicas manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado.
El dictamen reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que detalla que el Estado tendrá el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos.
Durante los posicionamientos, los grupos parlamentarios de oposición argumentaron que la reforma no aporta a la transición energética, luego de que Morena y aliados suprimieran un párrafo del artículo 27.
“Había una parte en la iniciativa original correspondiente al artículo 27 constitucional que decía textualmente: ‘El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto Invernadero’.
“Es decir, si había algo rescatable de esta iniciativa que justamente redimensionaba las obligaciones y el compromiso del Estado mexicano respecto a la transición energética y la mitigación al cambio climático, desapareció por completo”, denunció el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda.
Los senadores opositores también advirtieron que la reforma podría ahuyentar la inversión extranjera cuando más sea necesaria para la producción de energía.
“Necesitamos más producción de energía, más generación, pero lo que estamos haciendo con esta decisión es decirle a los particulares, ‘miren, ustedes ya no vengan a invertir porque no los vamos a dejar entrar a la producción’. ¿Quién va a querer venir a invertir así? Y el Estado mexicano necesitaría 5 mil millones de dólares anuales para seguir creciendo a ser su propia red”, detalló la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya.
Por su parte, la senadora morenista María Guadalupe Chavira afirmó que su partido siempre ha legislado a favor del pueblo y resaltó que una empresa pública asegura un bien público.
Con información de proceso.com.mx