Magistrada destituida en la tómbola del Senado peleará al Estado por justa indemnización

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El sorteo que el Senado realizó el sábado para definir la suerte del Poder Judicial mantiene a la mayoría de los jueces y magistrados, que serán afectados desde 2025, lidiando con sentimientos de duelo, coraje e incertidumbre sobre qué ocurrirá con su futuro en un contexto social en el que han sido tachados de corruptos, nepotistas y protectores de la delincuencia.

Para la magistrada Julia María del Carmen García González, integrante del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México, cuya plaza resultó sorteada para ser sometida a la elección de 2025, la situación inédita que está viviendo el Poder Judicial de la Federación (PJF) es la materialización de todos los ataques que el expresidente Andrés Manuel López Obrador enviaba en sus mañaneras cada vez que su gobierno se enfrentaba a una resolución que no coincidía con sus intereses.

“Siempre hemos trabajado al margen de los partidos políticos, nunca nos ha importado de qué partido era el Ejecutivo o el Legislativo, si advertíamos un acto violatorio de derechos, pues se anulaba porque es lo que es propio de nuestra función, no es que tengamos un tema personal con este señor (López Obrador); lamentablemente, cuando dejan ellos ser oposición y se vuelven el gobierno en turno, dejan de tener a quien echarle la culpa de todos sus males y entonces nos volvimos en enemigo del sexenio.

“Todos los días, salvo algunas excepciones, el mensaje que oyó la gente en este país fue que somos corruptos, que no hacemos nada, que no servimos para nada, que es mejor que no estemos, que nada más liberamos delincuentes etcétera, pero cada vez que decía esto no hubo una sola denuncia con pruebas de que fulanito o fulanita actuó con corrupción. Siempre se quedó en una retórica y la corrupción que atribuía era por el sentido de nuestras sentencias, porque no les gustaban (…) 

“Él (AMLO) trataba de atacar por vías no jurídicas nuestras decisiones, pero nuestras sentencias se atacan a través de los recursos que dice la ley”, dijo en entrevista con Proceso.

La magistrada, que actualmente cuenta con 51 años, afirmó que no participará en el proceso de elección popular prevista para 2025 al considerarla una farsa. En cambio, adelanta que buscará por la vía legal ser indemnizada adecuadamente por más de 20 años de trabajo estable que el Estado mexicano le arrebató con esta modificación constitucional.

“No puedo prestarme a participar en su farsa, en su pantomima y no nos lo merecemos; somos gente de trabajo, de esfuerzo y si no hay las condiciones propicias para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo, yo creo que lo más digno en este momento será declinar nuestra participación, así dice el transitorio de la Constitución, declinaremos, estamos esperando que el día de mañana que, según los plazos en los propio transitorios, el día de mañana tendría que salir la convocatoria y ya sabiendo qué lugares van a estar disponibles en la Judicatura Federal y entonces ya iniciaría digamos esta fase del proceso de elección en donde yo definitivamente no estaré participando”, explicó.

Responsabilidad del Estado

Para la magistrada, este proceso busca separarlos de sus cargos “por razones que no nos incumben, que no son atribuibles a nosotros; entonces, me parece que el Estado tendrá una responsabilidad de resarcirnos ese daño, está acabando con nuestro proyecto personal de vida, está acabando con esta posibilidad. 

“A mí cuando me ratificaron, yo tengo 15 años como magistrada, cuando me ratificaron tenía yo la estabilidad de trabajar hasta los 75 años, tengo 51 entonces van a ser 24 años que me están quitando mi fuente de ingresos sin yo haber hecho absolutamente nada para merecer un trato de estos, yo he trabajado y he tratado de poner al servicio de mi función lo mejor de mis capacidades (…) 

“Va a ser una responsabilidad totalmente de las autoridades el que se trunquen estos proyectos personales de vida y, por lo mismo, esperaremos un resarcimiento suficiente para ello”.

Explicó que la indemnización establecida en la reforma judicial (de tres meses de salario y 20 días de salario por año trabajado) es insuficiente para resarcir el daño moral que incluso estarán sufriendo los juzgadores que deberán separarse anticipadamente de sus cargos por la implementación de la reforma.

Esto ha sido todo un proceso de duelo porque se acaba para nosotros un proyecto de vida que habíamos abrazado desde el primer momento, yo tengo 30 años haciendo labores jurisdiccionales.

La juzgadora reprochó que para Morena y sus aliados, el hecho de haber obtenido cerca de 36 millones de votos el 2 de junio último les hace creer que pueden emitir una reforma constitucional de tan alto calibre como lo es la reforma judicial, pese a que los estudiosos establecen que ese tipo de decisiones sólo pueden tomarse cuando se está ante la reconstrucción de naciones enteras, como cuando concluyen guerras, revoluciones o dictaduras, no en el escenario actual.

Por ello, explicó que la interpretación realizada por el diputado morenista Ricardo Monreal, de que los amparos contra la reforma constitucional son improcedentes, es errónea.

“Monreal no es quién para decir si los juicios son improcedentes o no, eso en su momento lo tendría que decidir la autoridad competente. Aquí tenemos autoridades competentes que quiere decir que se ocupan de determinados temas; entonces, él no es autoridad competente para decidir, de manera tajante, si esos juicios proceden o no.

“El artículo 61 fracción I de la Ley de Amparo, es cierto que dice que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales, pero no dice que no procedan contra el proceso de reforma constitucional. Una de las cosas que se están planteando en los amparos es que el proceso legislativo fue absolutamente desaseado 

“El día que la Cámara de Diputados se fue a la Magdalena Mixhuca no había certeza siquiera de que hubiera quórum, que estuvieron votando los choferes y las secretarias y que levantaron la mano y que bajaron la mano porque no tenían ni idea de lo que estaban haciendo; después se atrevieron a mandarlo a las legislaturas locales donde de manera sorprendente e indignante, en dos horas, lograron aprobar la reforma. 

“Eso choca por completo con la esencia de las democracias que entre otras cosas garantizan una discusión plural”, explicó.

Añadió que los jueces deben interpretar de manera estricta las causas de improcedencia, como la que impide ampararse contra una reforma constitucional, pero que, de lo contrario, los juzgadores deben interpretarlas siempre en favor de quien promueve los juicios para que tenga oportunidad de ser oído y vencido conforme a la ley.

Reprocha traición

También expresó que entre los integrantes del PJF se ha tomado con mucha preocupación que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante el voto de un magistrado que viene de carrera judicial (Javier Molina Martínez), decidiera ignorar las suspensiones que ordenan frenar el proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular.

“Sin palabras nos quedamos cuando un magistrado de carrera decidió sumarse a ese bloque oficialista para violar una suspensión, de verdad no nos cabe en la cabeza, es algo que nos va a explotar la cabeza porque es desconocer la esencia misma de lo que hacemos todos los días. 

“Este magistrado de verdad no sé en qué estaba pensando, no sé qué se le ocurrió, me refiero al consejero Molina, por supuesto, porque en realidad su voto fue el que nos tiene en este escenario y a mí sí me cuesta mucho trabajo siquiera imaginarme qué argumentos puede dar cuando es clarísima la ley”, comentó.

“El sentir es de tremenda preocupación (…) Sí fue una puñalada por la espalda, así nos sentimos”.

Por ello adelantó que una vez que concluya el proceso de duelo por el que está atravesando y tenga que salir del PJF, buscará formar parte de los observatorios ciudadanos que evalúen el funcionamiento de los nuevos jueces y magistrados.

“Buscaremos espacios en la academia, en las asociaciones civiles, desde luego vamos a hacer muy críticos con quienes lleguen como un observatorio ciudadano para el trabajo de seguimiento y vamos a criticar de manera objetiva las sentencias que vayan sacando”, adelantó.

Con información de proceso.com.mx