Con una postura firme, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, se manifestó en favor de la iniciativa presentada la semana pasada por Morena en el Congreso capitalino para despenalizar el aborto después de las 12 semanas de gestación.
“Sobre el aborto, esta ciudad fue pionera sobre el tema de lograr que se respetara la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo”, contestó en conferencia este mediodía a la pregunta de la prensa.
Breve, añadió: “Así que yo coincido en que tenemos que seguir avanzando en este tema y estoy a favor de que las mujeres decidan sobre el mismo. Así que estaremos viendo, revisando y apoyando la iniciativa”.
El pronunciamiento de Brugada Molina sobre el aborto destaca por su precisión y claridad, a diferencia del de su antecesora y actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en diversas ocasiones en las que fue consultada sobre el tema, se limitaba a decir que ya era un asunto decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La iniciativa
El 10 de octubre último, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local para despenalizar por completo el delito de aborto, con el fin de que “ninguna mujer sea llevada ante la justicia o criminalizada por ejercer su libertad” en la capital.
En voz de la diputada local Yuriri Ayala, la iniciativa con proyecto de decreto propone reformar el tercer párrafo del artículo 76, la fracción VII y adicionar una fracción VIII al artículo 130 del mencionado Código; además de derogar el Capítulo V, Título Primero, Libro Segundo, en materia de despenalización del aborto.
Dicha iniciativa, agregó, “busca eliminar la criminalización de las mujeres que ejercen este derecho, principalmente a quienes tienen un aborto espontáneo, un embarazo de alto riesgo o mujeres que fueron víctimas de una violación y deciden tomar esta decisión, incluso fuera del periodo establecido en la ley de 2007”.
Actualmente, el Código Penal capitalino permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) máximo hasta las 12 semanas de gestación.
En la iniciativa presentada en el Pleno del congreso se propone sancionar con una pena de seis a ocho años de prisión a quien haga abortar a una mujer o persona gestante de manera forzada y dolosa y sin consentimiento voluntario.
La iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PAN. El documento fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX para su discusión y, en su caso, aprobación. De ocurrir ésta última, el dictamen pasaría a votarse en el Pleno del Congreso local.
Con información: Proceso.com