Reforma judicial: Sergio Molina, el consejero del desacato, con ligas hacia la ministra Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO ( Proceso).– Del mismo modo en que la reforma judicial pudo concretarse en el Senado con el voto de un integrante de la oposición (Miguel Ángel Yunes), en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) bastó el voto de un consejero para destrabar la elección de jueces y magistrados federales prevista para 2025.

De esa manera, el órgano encargado de la administración de los juzgados y tribunales federales, y sin atribuciones judiciales, avaló el desacato a resoluciones emitidas por jueces encaminadas a la revisión de la polémica reforma.

Dentro del CJF el voto que sirvió de puntilla contra la inconformidad de jueces y magistrados fue el del consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien desde septiembre último ya había emitido un voto contrario a la lucha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) opuestos a la reforma y su implementación sin que se les permita participar en el proceso de creación de las leyes secundarias. 

En junio último, ya con la mayoría oficialista en el Congreso, pero en plena oposición dentro del CJF y entre los jueces y magistrados a la reforma, Molina Martínez dijo que el futuro del Poder Judicial en México estaba “en las fuerzas vivas” del Congreso y su “profunda voluntad democrática”. 

El miércoles pasado la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) reprochó al CJF la decisión de facilitar la elección de candidatos a los nuevos juzgadores del país, pese a la existencia de suspensiones que ordenan frenar este proceso; los trabajadores del PJF que se mantienen en paro de labores desde el 19 de agosto señalaron a Molina Martínez por traición.

Ese día el CJF decidió enviar al Senado la lista de jueces y magistrados en activo, plazas vacantes, renuncias y retiros programados para que esa cámara realice el sorteo de los puestos que serán sometidos al proceso de elección popular en 2025.

La decisión fue adoptada por mayoría de cuatro votos emitidos por Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Arcelia Maya –todos ellos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador–. El voto decisivo fue el de Molina Martínez, quien llegó al CJF durante la administración del ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, también cercano a la 4T.

En el PJF Sergio Javier Molina Martínez inició desde oficial judicial, uno de los cargos de más bajo rango en los juzgados de Distrito en el estado de Guerrero, hasta ser juez de distrito en materia del Trabajo; después fue magistrado de tribunal colegiado.

Antes de ser designado consejero de la Judicatura fue visitador judicial y titular de la Unidad de Implementación de la reforma en materia de Justicia Laboral.

El 28 de noviembre de 2019, con Zaldívar al frente del PJF, fue designado por el Pleno de la Corte como consejero de la Judicatura Federal.

Proceso documentó, el 29 de septiembre último que funcionarios allegados a la 4T y del PJF lograron colocar a sus familiares en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, pese al discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador que en público lanzó contra el nepotismo.

La secretaria de la ministra Esquivel

Iliana Camarillo González, esposa de Molina Martínez, es una de las funcionarias que se encuentra en la ponencia de Esquivel Mossa, como secretaria de Estudio y Cuenta, donde gana 119 mil 401.18 pesos.

De acuerdo con los datos públicos de la Corte, Camarillo González llegó en 2018 a la ponencia del ahora ministro en retiro Eduardo Medina Mora, antes de que su marido fuera designado consejero de la Judicatura.

“No será un tema menor concretar un gobierno judicial que permita permanentemente generar una política de transformación en la institución pública más sólida en el Estado mexicano a partir de nuestras decisiones; en lo colectivo, para generar con nuestros acuerdos la confianza en la sociedad”, dijo Molina Martínez aquel 3 de diciembre de 2019 en su toma de protesta como consejero de la Judicatura junto con Bernardo Bátiz.

Luego del ascenso de Molina Martínez como integrante del Pleno del CJF, y ante la renuncia de Medina Mora, en diciembre de 2019 Camarillo González quedó adscrita a la ponencia de Margarita Ríos Farjat, pero, por decisión propia, en enero de 2021 solicitó su cambio a la oficina de Yasmín Esquivel. 

Una traición “cantada”

Ésta no es la primera vez que Molina Martínez emite posiciones contrarias a la de los trabajadores del PJF que se oponen a la reforma judicial.

El 27 de junio último el consejero acudió con los integrantes del CJF y de la Corte a la primera mesa de diálogo convocada por la Cámara de Diputados previa a la discusión de la reforma judicial.

Ahí, Molina Martínez resaltó los beneficios de la carrera judicial como sistema para designar jueces y magistrados, pero dejó en manos de los legisladores la decisión final y afirmó que la respetaría:

Asumo con respeto la decisión que los representantes populares y depositarios del federalismo determinen en los próximos días; las fuerzas vivas de este Congreso de la Unión finalmente mantienen la profunda voluntad democrática para consolidar lo que les ha sido mandatado en las urnas.

Propuso cuatro puntos para reforzar la carrera judicial, si es que los legisladores decidían mantenerla: mayor autonomía para la entidad encargada de los procesos de selección, controles más estrictos, convocatorias con paridad de género y convocatorias abiertas y universales para que no sólo los integrantes del PJF puedan participar.

Profundizó en formas para mejorar la propuesta del entonces presidente López Obrador sobre la elección de jueces y magistrados por voto popular, como permitir la participación de la academia para evaluar los perfiles de los candidatos, realizar una elección escalonada por materias, crear una comisión de transición y reglas que permitan preservar los derechos de los trabajadores.

Una vez aprobada la reforma judicial, publicada y en vigor, Proceso confirmó que desde el 18 de septiembre, a un mes de iniciar el paro de labores, en sesión del Pleno del CJF Molina Martínez fue uno de los consejeros que votó por levantar la suspensión desde el 23 de septiembre e iniciar las mesas de trabajo con titulares y trabajadores para comenzar a delinear los términos de la transición.

En contra de esta decisión votaron la consejera Lilia Mónica López Benítez y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

La circular 18/2024 emitida ese mismo día por la noche informaba a las organizaciones dentro del PJF de la decisión del CJF, por lo que de inmediato los trabajadores acudieron a las oficinas del Consejo en Insurgentes Sur a protestar por la decisión.

Los integrantes del Pleno se vieron obligados a recibir a un grupo de representantes de la base trabajadora para escucharlos.

Para el 20 de septiembre, fecha en que estaba convocada la primera mesa de trabajo con los representantes de los trabajadores y juzgadores en paro, el CJF no tuvo otro remedio más que dar marcha atrás a la orden de regresar a trabajar.

La decisión fue adoptada por mayoría de votos, es decir, Molina Martínez y José Alfonso Montalvo Martínez se sumaron a la ministra presidenta y a la consejera López Benítez para prorrogar el paro hasta el 2 de octubre pasado.

También, con esa mayoría de votos el CJF decidió el 3 de octubre prorrogar el paro hasta este viernes 11 de octubre.

Sin embargo, el jueves 10 último durante la sesión del Consejo de la Judicatura el bloque mayoritario se rompió cuando Molina Martínez decidió adherirse a las posiciones de Maya, Bátiz y de Gyvés, quienes consideraron que ellos no están obligados a acatar las suspensiones concedidas por jueces federales para frenar la reforma judicial.

Con información de proceso.com.mx