La Investidura

Es imposible no conmoverse, indignarse y, sobre todo, preocuparse ante la terrible situación ocurrida en el estado de Guerrero hace unos días. No hablamos solo de un alcalde privado de su vida, sino expuesto brutalmente, como símbolo de un estado de derecho completamente fracturado.

Este no es un problema reciente, ni exclusivo de un solo gobierno. No es únicamente responsabilidad de la administración actual, ni de las pasadas. Ya en años anteriores se vivieron episodios igual de desgarradores en ese mismo estado. Recordemos cuando, en circunstancias igualmente horribles, se encontraron cabezas humanas clavadas en la presidencia municipal de Acapulco.

Nuestra Constitución es muy clara: la principal función del Estado es garantizar la seguridad. El primer acto de cualquier funcionario al asumir su cargo es jurar guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Este es el mandato primordial.

No podemos aspirar a ser un Estado desarrollado y próspero sin la plena vigencia de la ley. Sin eso, no hay desarrollo, progreso, ni prosperidad. La inseguridad destruye el tejido social y arrastra consigo todo lo demás. La ausencia del estado de derecho es una sentencia de caos, donde todo está en juego y nada está garantizado.

Cuando el crimen organizado se apodera de comunidades, pueblos o incluso de estados enteros, empieza a asumir funciones que corresponden exclusivamente al Estado. Lo que era un orden social se convierte en una lucha por el control, en una guerra que parece no tener fin.

¿Qué refleja y qué mensaje envía dejar la cabeza de un alcalde a la vista de todos en una plaza pública? El mensaje es claro: control total de la delincuencia. Es una muestra de poder absoluto, de hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener su dominio sobre territorios y políticos. Es una advertencia no solo a las autoridades, sino también a los ciudadanos: si pueden con los más poderosos, también pueden con los menos.

La llegada de la mal llamada "austeridad republicana" ha contribuido a agravar esta situación. Se ha romantizado la idea de que los funcionarios deben reducir sus protocolos de seguridad en nombre de la austeridad. Se criticó públicamente el uso de vehículos blindados, escoltas y aviones oficiales, bajo el pretexto de enviar un mensaje de cercanía y modestia. Incluso, se llegó al extremo de rifar y vender el avión presidencial sin haberlo pagado. Pero esta supuesta austeridad, lejos de proteger al pueblo, lo expone aún más.

Los protocolos de seguridad no son un lujo, son una necesidad en el ejercicio del servicio público. Su razón de ser es precisamente evitar tragedias como las que hemos visto. ¿Qué siente un ciudadano común cuando ve la cabeza de su alcalde decapitada en la plaza pública? El mensaje es claro: si pueden con los poderosos, pueden con cualquiera. Golpean directamente al pueblo, buscan dominarlo y someterlo.

Proteger la investidura va más allá del personaje. Es proteger la figura de la autoridad, el respeto a las instituciones y el Estado de derecho. Sin esa protección, lo que se pierde no es solo la vida de un funcionario, sino la seguridad, la paz y la esperanza de todo un país.

El Estado mexicano debe hacer uso de todas sus facultades para preservar la seguridad interior. La respuesta ante estas amenazas debe ser contundente, utilizando la fuerza del Estado de manera legítima y efectiva. Solo así podremos evitar que la violencia siga desgarrando a nuestra nación.

Lic. Mario Sias Aguilera