A través de un posicionamiento formal, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), denunció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, generó una crisis constitucional, pues el Consejo de la Judicatura Federal desacató determinaciones judiciales, a las que estaba obligado a cumplir y por ende, vulneró el marco jurídico.
Mediante una comunicación oficial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, rechazaron enérgicamente la determinación tomada por el Consejo de la Judicatura, por mayoría de cuatro votos, de participar en la ejecución de la reforma judicial, en desacato de las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior, señalan, sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas, lo que vulneró gravemente el marco constitucional y legal, que rige en el país.
Por ello, dicen, en este contexto, quienes integran la asociación señalan que el cumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadas federales para frenar dicha reforma, constituye una clara ruptura del Estado de derecho y una violación directa a la división de Poderes.
También dieron a conocer su profunda preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una “tómbola” para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en el 2025, pues consideran que ese mecanismo transgrede los Derechos Humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta, contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional.
Esta medida, dicen, representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, así como sienta un precedente peligroso para la independencia judicial.
Destacan que la implementación de la reforma judicial, contraviniendo la suspensiones otorgadas pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional.
Por eso, destacaron, hacen un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto de las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen exactamente a la división de Poderes y la legalidad.