Supremo de EU revisará demanda impuesta por México contra fabricantes de armas

El Gobierno de México presentó en 2021 una demanda en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra ocho fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de facilitar el tráfico ilícito de armamento hacia las organizaciones criminales que operan en el país.

México reclama una compensación de 10,000 mdd a estas empresas, entre las que destacan Smith & Wesson y otras grandes corporaciones armamentísticas.

En un primer momento, la demanda fue desestimada por un juez de Boston, quien citó una ley federal de 2005, conocida como el "Acta de Protección del comercio legal de armas".

Esta legislación otorga inmunidad a las empresas de armas frente a demandas civiles, y ha sido utilizada para proteger a estos fabricantes incluso en casos relacionados con tiroteos masivos en EU, como los ocurridos en escuelas.

Sin embargo, en enero de 2024, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revivió la demanda de México. 

El tribunal argumentó que la demanda puede proceder bajo una excepción de la ley de 2005, que permite exigir responsabilidades a los fabricantes de armas cuando sus acciones están vinculadas a violaciones de normativas locales o estatales.

Fabricantes piden protección al Supremo

Ante esta situación, las empresas armamentísticas involucradas solicitaron al Tribunal Supremo que revierta la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Los fabricantes de armas acusados, encabezados por Smith & Wesson, pidieron al Supremo que revierta esa decisión de una corte inferior, y señalan que el alto tribunal en 2023 protegió a X de una demanda que le acusaba de ayudar a terroristas por albergar tuits creados por el grupo Estado Islámico.

El Tribunal Supremo revisará este caso, uno entre otros 13 en su lista, que también incluye disputas judiciales sobre el almacenamiento de desechos nucleares y pruebas de ADN de un condenado a la pena de muerte.

Con información de Crónica.

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Trascendió que la resolución de esta sala del TEJA fue en sentido de inhabilitar a la ex consejera del IEE, a partir del expediente 59/202-1 por investigación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral.

A la denuncia en contra de Claudia Arlet Espino se incluye como denunciante la Auditoría Interna del OIC.

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