Supremo de EU revisará demanda impuesta por México contra fabricantes de armas
El Gobierno de México presentó en 2021 una demanda en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra ocho fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de facilitar el tráfico ilícito de armamento hacia las organizaciones criminales que operan en el país.
México reclama una compensación de 10,000 mdd a estas empresas, entre las que destacan Smith & Wesson y otras grandes corporaciones armamentísticas.
En un primer momento, la demanda fue desestimada por un juez de Boston, quien citó una ley federal de 2005, conocida como el "Acta de Protección del comercio legal de armas".
Esta legislación otorga inmunidad a las empresas de armas frente a demandas civiles, y ha sido utilizada para proteger a estos fabricantes incluso en casos relacionados con tiroteos masivos en EU, como los ocurridos en escuelas.
Sin embargo, en enero de 2024, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revivió la demanda de México.
El tribunal argumentó que la demanda puede proceder bajo una excepción de la ley de 2005, que permite exigir responsabilidades a los fabricantes de armas cuando sus acciones están vinculadas a violaciones de normativas locales o estatales.
Fabricantes piden protección al Supremo
Ante esta situación, las empresas armamentísticas involucradas solicitaron al Tribunal Supremo que revierta la decisión del Tribunal de Apelaciones.
Los fabricantes de armas acusados, encabezados por Smith & Wesson, pidieron al Supremo que revierta esa decisión de una corte inferior, y señalan que el alto tribunal en 2023 protegió a X de una demanda que le acusaba de ayudar a terroristas por albergar tuits creados por el grupo Estado Islámico.
El Tribunal Supremo revisará este caso, uno entre otros 13 en su lista, que también incluye disputas judiciales sobre el almacenamiento de desechos nucleares y pruebas de ADN de un condenado a la pena de muerte.
Con información de Crónica.
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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial
La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.
Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.
De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.
También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.
Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.
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