EE.UU. no permitirá que migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela renueven “parole”
Washington, (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos no permitirá que las personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, que llegaron al país con un programa conocido como “parole humanitario” puedan extender el beneficio migratorio por más de dos años, informó a EFE una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Más de medio millón de personas de estas cuatro nacionalidades han entrado al país bajo el programa, que comenzó en octubre de 2022 para venezolanos y se extendió a las otras tres nacionalidades en febrero de 2023.
La decisión, anunciada a menos de un mes de las elecciones del 5 de noviembre, llega en medio de una lluvia de críticas sobre el programa por parte de los republicanos y de su candidato a la presidencia, Donald Trump, quien aseguró además que, de ser elegido, acabaría con el beneficio.
Los permisos del “parole”
El “parole“, para el que se necesita tener un patrocinador en EE.UU., otorga a los beneficiarios un permiso para entrar y trabajar legalmente en el país por un periodo de dos años.
Al término de este plazo, las personas en este programa que no hayan aplicado a otro beneficio migratorio “deberán salir de EE.UU. (…) o serán colocadas en procedimientos de deportación”, explicó la portavoz de DHS, Naree Ketudat.
El Gobierno de Joe Bien lanzó este programa como parte de su estrategia para frenar la migración hacia EE.UU., a la vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México.
Unos 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos han entrado a EE.UU. bajo este programa, según los últimos datos proporcionados por DHS.
Las personas de Venezuela y Haití que hayan llegado al país con ‘parole’ antes de julio de 2023 y junio de 2024, respectivamente, tienen la posibilidad de solicitar un beneficio llamado Estatus de Protección Temporal (TPS).
Con información de EFE.
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Trascendió que la resolución de esta sala del TEJA fue en sentido de inhabilitar a la ex consejera del IEE, a partir del expediente 59/202-1 por investigación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral.
A la denuncia en contra de Claudia Arlet Espino se incluye como denunciante la Auditoría Interna del OIC.
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