Ecuador declara nuevo estado de excepción ante ola violentra de grupos criminales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves un nuevo estado de excepción por 60 días que incluye a la capital Quito y a seis de las veinticuatro provincias del país, así como a un municipio de una séptima provincia, como consecuencia del “conflicto armado interno” y por lo que a inicios de año decretó una ofensiva contra bandas del crimen organizado.

Este nuevo estado de excepción comprende las provincias de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador; Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena y Orellana, así como el cantón (municipio) de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero en la provincia de Azuay donde distintas bandas criminales han buscado controlar para actividades de minería ilegal.

Estos territorios ya eran parte del anterior estado de excepción decretado por Noboa que ha estado vigente durante los últimos tres meses, con la novedad de que ahora se le suma Quito, por “el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados”, según el decreto presidencial.

El objetivo de esta medida es contrarrestar la actividad de las bandas criminales y “coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía y la integridad del Estado, y de la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público”.

En las zonas abarcadas por este estado de excepción, y durante los sesenta días de vigencia que tendrá en principio, quedan suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como la libertad de reunión.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la realización de inspecciones, allanamientos y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conducentes a la ubicación, registro de los lugares destinados a ocultarse las personas pertenecientes a las bandas criminales.

Este estado de excepción también conlleva un toque de queda de 22:00 a 5:00 en algunas de las localidades con mayores índices de criminalidad y presencia de bandas delincuenciales organizadas como Durán, que forma parte del área metropolitana de Guayaquil, y Babahoyo y Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

La medida será revisada por la Corte Constitucional de Ecuador, que en meses anteriores ya anuló en dos ocasiones el anterior estado de excepción declarado por Noboa al considerar que la declaratoria de “conflicto armado interno” no era razón suficiente para tomar esta medida de carácter excepcional.

Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47.2 por cada 100 mil habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.

Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17% en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones.

Con información de Crónica.

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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial

La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.

Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.

De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.

También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.

Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.

 

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